TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La credibilidad de la depuración de la Policía Nacional una vez más está en entredicho, luego de que un grupo de uniformados presuntamente asesinaron a una estudiante en La Esperanza, Intibucá.
Desde abril de 2016, el Estado hondureño inició una ofensiva para cancelar a los agentes implicados en actos ilícitos y en crímenes de alto impacto.
A la fecha, un total de 6,168 agentes -entre oficiales y miembros de la escala básica- salieron purgados de la institución.
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No obstante, el proceso de depuración y certificación de los policías parece verse manchado luego de que agentes activos se ven involucrados en bochornosos actos e ilicitudes.
Los miembros de la Comisión de la Depuración y Transformación de la Policía Nacional se defienden y aseguran que el proceso de certificación “fue un éxito y las instituciones que hoy están a cargo de la investigación y control son un legado”, expresó el depurador Omar Rivera.
Aunque admitió que “nunca se termina un proceso de depuración, es un proceso permanente”.
Asimismo, aseveró que “decir que el proceso de depuración es un fracaso por la negligencia de un llavero de celda no es justo, creo que se debe castigar sin contemplaciones que pudo haber actuado de forma inadecuada”.
Para el exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Gonzalo Sánchez, el mecanismo utilizado por la Comisión de Depuración no fue el adecuado y es por ello que ahora se está evidenciando que “aún hay manzanas podridas dentro de la institución”.
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“La prueba del polígrafo no es viable, era de esa manera que se iban a separar, una buena investigación del patrimonio hubiera sido más eficiente, pero se hizo lo humanamente posible”, declaró Sánchez.
Investigaciones
Desde el 2019, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-Adpol) están a cargo de la depuración.
“Ahora en la Policía Nacional, a los malos oficiales y agentes, o los agarra Didadpol o los persigue el MP”, certificó Rivera.
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Las autoridades de la Didadpol afirmaron a EL HERALDO que permanentemente están sometiendo a pruebas de confianza y el polígrafo a policías que se ven implicados en faltas graves y delitos.
“Los procesos disciplinarios se mantienen abiertos contra miembros de la carrera policial, específicamente para aquellos que dejaron de proteger al ciudadano”, manifestó Alan Argeñal Pinto, director de la Didadpol.
Las cifras oficiales de este organismo gubernamental son aterradoras.
| Perjuicio
La negligencia, descuido y desinterés en el desempeño de la labor policial que facilite de manera directa o indirecta la comisión de una falta o ilícito o que genere un perjuicio del pueblo.
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Apenas han trascendido 41 días de este 2021 y la Didadpol ha remitido a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial un total de diez expedientes que contienen información documentada de altos oficiales y agentes de la Policía Nacional implicados en actividades ilícitas.
Mientras que en 2020, el año de la pandemia, la Didadpol envió a los fiscales “un total de 89 expedientes de miembros de la carrera policial que hemos considerado que los hechos además de ser constitutivos de faltas disciplinarias, también lo son en el ámbito penal”, explicó Argeñal.
Ilicitudes
Solamente en lo que va del 2021, más de una decena de agentes policiales se han visto implicados en actividades reñidas con la ley.
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El primer caso se refiere a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) que fueron detenidos el 2 de enero por su implicación en el rapto de un hombre del oriente del país, por quien pedían una fuerte suma de dinero.
Dos semanas después, el 19 de enero, otros cuatro policías fueron arrestados, acusados de la muerte de un muchacho en Quimistán, Santa Bárbara, tras raptarlo en Cofradía, San Pedro Sula.
Mientras que el 7 de febrero, supuestamente cuatro agentes policiales participaron en el crimen de la estudiante universitaria Keyla Martínez en la posta de La Esperanza, Intibucá.
Y ayer, un policía fue detenido por portación ilegal de arma en El Porvenir, Francisco Morazán.
A esto se le suman otros expedientes que ya son objeto de investigación por el MP.
En 2020, uno de los casos más sonados fue el expediente de un alto funcionario de la Policía implicado en el robo de 1.2 millones de lempiras a una ciudadana de Gracias, Lempira.
Judicialización
En manos de la UF-Adpol, dependiente del Ministerio Público (MP), hay 1,665 casos bajo investigación y que cuando concluyan serán judicializados ante los tribunales de la República.
Los fiscales tienen 25 casos concluidos que están prestos a ser presentados ante la justicia.
En estos expedientes figuran altos exjerarcas policiales implicados en actividades de lavado de activos, narcotráfico y otros relacionados con la criminalidad organizada.
La UF-Adpol ha interpuesto un total de diez requerimientos fiscales de altos exjerarcas policiales implicados con el crimen organizado.
Entre los casos más sonados figura la detención del comisionado Leonel Sauceda, señalado de lavar más de 16 millones de lempiras.
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Además, ha obtenido la sentencia contra el exsubcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Barralaga, también implicado en lavado de dinero.
A esto se le suma la captura del excomisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez y la acusación en contra de los excomisionados Lorgio Mejía y Orlando Leiva Natarén, prófugos de la justicia. Entre los delitos denunciados ante la UF-Adpol figuran el asesinato, robo, secuestro, hurto, entre otros.
La depuración en cifras
La Comisión de Depuración está conformada por Rivera, el pastor Alberto Solórzano y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Cecilia Morales, quienes autorizaron la cancelación de más de seis mil agentes. En 2016 fueron despedidos 2,075 y en 2017, un total de 2,819 policías fueron depurados.
Durante el 2018 fueron dados de baja 627 y en 2019 al menos 647 efectivos.
A finales de 2019 entró en funcionamiento la Didadpol, que encabeza las investigaciones y determina las sanciones disciplinarias a imponer a los agentes implicados en actividades reñidas con la ley.
