tegucigalpa
Su deber era administrar de la mejor manera los impuestos pagados por los pobladores del municipio de Yoro, Yoro. Sin embargo, hizo lo contrario y usó esos fondos para enriquecerse a sí mismo, según investigaciones del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
La Fiscalía presentó ayer una nueva acusación contra Arnaldo Urbina por 124 delitos de malversación de caudales públicos y 68 delitos de abuso de autoridad, sumando 192 delitos. Actualmente el exfuncionario municipal guarda prisión por el delito de lavado de activos, caso que ya está en la etapa de juicio oral y público.
La nueva acusación por parte del MP coincidió con la captura de tres empleados municipales y dos exempleados que habrían realizado acciones en complicidad a los actos ilegales realizados por el entonces alcalde. Según investigaciones del Ministerio Público, en el período comprendido entre 2010 y 2015 en dicha alcaldía se emitieron contratos, cheques y órdenes de pago a nombre de Lenay Urbina Urbina por más de cinco millones de lempiras.
Según documentos municipales, el pago era por el alquiler de maquinaria utilizada para la reparación de calles y alcantarillado, entre otros proyectos. En la investigación se determinó que Urbina Urbina (ya fallecido) no tenía maquinaria y supuestamente solo prestaba su nombre y firmaba los contratos en la alcaldía o los llevaba a su residencia para después proceder al cambio de los cheques en el banco y así entregarlos al entonces alcalde Arnaldo Urbina Soto, ya que la maquinaría que se utilizaba era la misma de la alcaldía. En cumplimiento a órdenes de captura, la Atic detuvo a Karen Rodríguez, jefa de Contabilidad y Presupuesto, acusada por fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Mirna Castro, tesorera municipal, por malversación de caudales públicos, fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Y el jefe de maquinaria, Ángel García, es acusado por malversación de caudales públicos.
También se detuvo a la exjefa de presupuesto, Petrona Castro, por el delito de malversación de caudales públicos, y Ligia Hernández, exgerente municipal, por violación a los deberes de los funcionarios y tráfico de influencias
