Tegucigalpa, Honduras.- Por razones políticas o quizás por intereses y caprichos, unos 24 jueces y magistrados fueron removidos y trasladados a otros cargos por las autoridades del Poder Judicial, llevándose de encuentro los principios de independencia e inamovilidad de los jueces.
Los traslados intempestivos de los jueces no solo violan la Constitución de la República, sino que atentan contra las familias de los funcionarios judiciales al ser enviados a otras ciudades.
“En los últimos meses, los traslados de personas juzgadoras a diferentes lugares han continuado sin justificación alguna”, reveló la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Consuelo Cardona.
Entre los casos más sonados figura el de la funcionaria judicial Ligia Matamoros, que ostentaba el cargo de jueza de Letras de Trabajo de Choluteca e intempestivamente fue trasladada al Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, dejando en el sur a su hija de siete meses de edad.
En su lugar fue nombrada una sobrina del magistrado de la Sala Penal, Walter Raúl Miranda Sabio.
También figura el caso de la magistrada de carrera Julissa Aguilar, que fue nombrada por las actuales autoridades del Poder Judicial como magistrada de la Corte de Apelaciones del Circuito Especializado en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, y que sorpresivamente fue degradada y nombrada en un cargo administrativo en la Escuela Judicial. Aguilar impugnó su designación al nuevo cargo.
A la lista se suma el traslado de la jueza Ibeth Benítez, magistrada de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, quien fue enviada a La Ceiba como magistrada.
El magistrado del Juzgado Civil de Tegucigalpa, Danery Medal fue enviado a La Ceiba; sin embargo, impugnó el nombramiento y fue designado como director del Archivo del Poder Judicial en la capital.
Medal no acepta la designación en el puesto y volvió a impugnar la determinación de las autoridades.
A la judicatura de Choluteca fue trasladado el abogado Conan Rafael Argueta, quien se desempeñaba como magistrado de la Corte Segunda de Apelaciones Civil en Tegucigalpa.
Persecución
Ana Cardona aseguró que “a algunos jueces se les ha degradado a un cargo inferior al que ostentaban”.
Aseguró que desde la Presidencia del Poder Judicial se montó una especie de cacería en su contra por denunciar los traslados ilegales de jueces y magistrados.
“Han iniciado represalias en mi contra como presidenta de la Asociación debido a los comunicados y denuncias que realizo en defensa de la independencia judicial y la inamovilidad de jueces y magistrados”, señaló.
Aseguró que “la actual Supervisión de Tribunales inició denuncias de oficio en mi contra, y se ha registrado acoso laboral contra jueces y magistrados por las resoluciones que han emitido”.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la remoción de jueces y más bien exhortó que “continúa pendiente la promulgación de una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales en materia de independencia judicial, particularmente en relación con los procesos de nombramientos, ascenso escalafonario, traslados, regímenes disciplinarios y separación del cargo”.
Aseveró que “la CIDH recibió denuncias sobre traslados y cancelaciones no consentidas ni aceptadas de jueces que serían contrarias al principio de inamovilidad en el cargo”.
En la sentencia López Lone versus el Estado de Honduras, la CIDH recordó que la inamovilidad en el cargo durante el período establecido para su desempeño es una garantía del derecho de acceso a la justicia que asiste a todas las personas y se traduce en “garantías reforzadas ” de estabilidad a fin de garantizar la independencia necesaria del Poder Judicial.
Preocupación
De su lado, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) exhortó a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, a “respetar la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces en pro de la independencia judicial de cada miembro de la judicatura, a fin de que no se traslade a jueces y magistrados sin justificación alguna”.
Además, se convocó a concursos transparentes y con veedurías de todas las asociaciones para ocupar las plazas vacantes, y, sobre todo, se reactivaron las comisiones para redactar la nueva Ley de la Carrera Judicial, tal y como lo recomendó la CIDH.
Ráquel: “Aquí no estamos hablando de politización”
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, descartó que el traslado de más de 24 jueces a otros cargos y judicaturas esté motivado por razones políticas.
“Aquí no estamos hablando de politización ni de persecución en lo absoluto. Nosotros reconocemos el trabajo de cada juez y de cada funcionario judicial sin ver colores de ninguna clase”, afirmó Ráquel Obando.
Señaló que “quieren que uno diga que está politizando las cosas, pero no es así. Cuando hago un traslado de un juez, de repente no tengo las pruebas en la mano para decir que está actuando de cierta manera, pero son voces que se oyen y que muchos de ustedes quizás conozcan. Nosotros procedemos a hacer los traslados que creemos convenientes para mejorar la atención en el sistema judicial”. En el caso del traslado a un cargo administrativo de la magistrada Julissa Aguilar, declaró que “ella tiene su derecho de interponer cualquier tipo de recurso, y nosotros tenemos la obligación de respetar ese derecho”
