Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) expresó este jueves su “preocupación” por la ampliación de un estado de excepción parcial por parte del Gobierno sin que el Parlamento lo ratifique, por lo que considera que cualquier detención “es ilegal” y compromete la responsabilidad internacional del Estado.
En un comunicado, el Conadeh advirtió que mientras el Parlamento hondureño “no ratifique” el decreto ejecutivo PCM-03-2025 sobre la ampliación del estado de excepción, aprobado por el Consejo de Ministros, liderado por la presidenta Xiomara Castro, “toda detención, allanamiento e intervención realizada por agentes del orden es ilegal y compromete la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos”.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, explicó que la Constitución de Honduras ordena que el Parlamento “ratifique, modifique o impruebe” el decreto de suspensión de garantías.
Señaló que si el poder Legislativo no aprueba el PCM-03-2025, la población tiene “el derecho de interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional por violación de derechos humanos, allanamientos o detenciones”.
El Gobierno de Honduras informó el lunes que extendió hasta el próximo 19 de febrero el estado de excepción parcial, una medida implementada desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios del país.
Según las autoridades hondureñas, la extensión del estado de excepción es “una herramienta legal esencial” para enfrentar la criminalidad causada por maras y pandillas.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como maras, dominan algunos barrios de Honduras con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
Desde su implementación el 6 de diciembre de 2022, se han ejecutado “más de 43.000 allanamientos exitosos”, detenido 4.774 personas por extorsión y delitos conexos, y desmantelado un millar de bandas criminales, según cifras oficiales.
No obstante, Cáceres indicó que el Conadeh registra más de 700 quejas contra policías y militares por abusos en el marco del estado de excepción.
Honduras cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 26,8 por cada 100.000 habitantes, la “más baja en las últimas dos décadas”, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad.
