TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentó más de 30 medios probatorios que implican en la presunta malversación de caudales públicos a 20 imputados en el caso Arca Abierta.
Entre estas se encuentran oficios del Congreso Nacional, la Presidencia de la República, la Secretaría de Finanzas, entre otras instituciones públicas en las que se detalla la naturaleza de los recursos solicitados por los diputados.
Además figuran constancias de diez corporaciones municipales en las que supuestamente se ejecutaron los proyectos.
En la prueba documental también está una constancia de la Secretaría de Finanzas en la que se establece que solamente tres de 27 transferencias hechas por ese ente estatal fueron liquidadas.
Asimismo, planteó una pericia técnica financiera hecha a los diputados y exdiputados y tres evidencias físicas; un cheque, un video y un audio de 14 minutos.
El martes, la audiencia inicial comenzó al filo de las 9:00 de la mañana, pero fue suspendida a las 10:20 AM a razón de que las defensas imputados interpusieron un recurso de excepción por falta de acción.
El juez se tomó un tiempo perentorio para resolver el escrito y a las 2:25 de la tarde declaró sin lugar la excepción.
En ese sentido, el debate procesal continuó pese a la petición de los abogados defensores de suspenderlo.
El juez, además, envió un oficio a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare la inconstitucionalidad del artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto.
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El abogado Juan Carlos Sánchez dijo que “se le planteó al juez que no tenía sentido seguir con el proceso porque si en su momento la Sala Constitucional resuelve que estas reformas no son inconstitucionales, no tendría sentido someter a estas personas a un proceso injusto”.
La Ufecic presume responsables de malversación a los diputados Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Welsy Vásquez y Milton Puerto. También acusa a los exdiputados Fabricio Puerto, Audelia Rodríguez, Hernán Vindel y Óscar Álvarez.
Mientras que otras diez personas son imputadas de coautores de malversación. Este caso se refiere al presunto desvío a cuentas personales de 21 millones de lempiras que fueron solicitados para obras sociales y que serían ejecutados por la Asociación Planeta Verde. Las defensas estudian las pruebas planteadas por la Ufecic. El debate continuará este día a las 2:00 de la tarde.
