Tegucigalpa, Honduras
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, confirmó la tarde de este miércoles la creación de un decreto para realizar una depuración de emergencia de la Policía Nacional de Honduras.
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, confirmó la tarde de este miércoles la creación de un decreto para realizar una depuración de emergencia de la Policía Nacional de Honduras.
'Hace unos minutos envié al Congreso nacional una iniciativa con declarar prioridad nacional, declarar de emergencia la depuración policial', dijo el mandatario en comparecencia de prensa.
Merece apuntar que esta determinación se da en el marco de una serie de publicaciones realizadas de forma exclusiva por EL HERALDO de un informe que señala a la cúpula policial del 2009 como la responsable de planear y ejecutar el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González.
El gobernante anunció además que en los próximos minutos se reunirá con el Consejo Naciona de Defensa y Seguridad para socializar dicha iniciativa planteada a raiz de la crisis en la que se encuentra actualmente la institución policial en el país.
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¿En qué consiste?
Hernández explicó que la iniciativa enviada al Poder Legislativo consiste en 'que la relación del Estado y el policía sea exclusivamente administrativa'.
'No es lo mismo la relación del Estado, a través del Gobierno, con un ingeniero o abogado que trabajan en operaciones, a la de un policía en quien descansa la seguridad de la población', argumentó.
En el decreto se establece un estado de emergencia para justificar la separación expedita de policías sobre los que se tenga evidencia que participaron en algunos ilícitos, explicó una fuente anónima a EL HERALDO.
'Por tanto, alguien podrá ser honesto, pero si no es suficientemente diligente, no debe estar', opinó Hernández.
El gobernante también hizo referencia a que 'no se puede seguir teniendo a un operador de justicia vinculado con operaciones ilícitas, aunque no se haya comprobado juez, pero que sí se tiene la operación de inteligencia'.
La decisión abarcaría la separación de al menos 1,500 policías de diferentes rangos en la institución policial en primera instancia, según una estimación de la fuente.
Cabe apuntar que al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, le dieron facultades extraordinarios similares durante seis meses.
El decreto
Este es el decreto enviado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para someterlo a debate y aprobación:
'ARTÍCULO 1.-Declarar de emergencia, seguridad nacional e interés público la depuración de la Policía Nacional.
La relación legal que los miembros de la misma tienen con el Estado, es de confianza, en virtud de que se les otorga en nombre de éste el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes.
ARTÍCULO 2.- Autorizar al Poder Ejecutivo para que proceda a terminar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional sin responsabilidad para el Estado más que la de garantizar el pago de los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda.
En los casos en que proceda reconocimiento de los derechos laborales, el Poder Ejecutivo podrá establecer convenios de pagos o incentivos en el caso del retiro voluntario.
Es causa de separación de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza.
ARTÍCULO 3.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a propuesta del Poder Ejecutivo nombrará una Comisión Especial para acompañar en el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, quienes coordinarán con al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en esta tarea.
ARTÍCULO 4.- El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y la Comisión Especial tienen las atribuciones siguientes:
1. Dirigir el proceso de depuración de la Policía Nacional.
2. Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.
3. El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad puede suspender o separar a los miembros de la Policía Nacional que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el numeral que antecede.
4. Implementar un mecanismo de vigilancia y supervisión de los policías suspendidos o separados.
5. Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes de los separados cuando corresponda.
6. Proponer al Poder Ejecutivo los incentivos para el retiro voluntario de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 5.- Autorizar al Poder Ejecutivo para que en el cumplimiento del pago de los derechos laborales de los miembros de la Policía Nacional, cuando proceda, pueda suscribir empréstitos, emitir bonos encajables o no encajables, titularizar en condiciones de mercado por medio de la banca estatal o privada, flujos de efectivo propiedad del Estado de Honduras y colocarlos en el mercado por medio de la bolsa de valores o en forma directa, y en general a suscribir los contratos que sean necesarios para obtener los recursos financieros que se requieran para garantizar dicho pago.
La referida autorización incluye la posibilidad de suscribir actos o contratos que transciendan el periodo del actual Gobierno.
ARTÍCULO 6.- Durante la vigencia del presente Decreto, se procede a la suspensión de la vigencia de los Artículos 114 del Capítulo V contentivo de la “Terminación de la Carrera Policial”; Artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del Capítulo VI que contiene “Las Medidas Disciplinarias y del Régimen del Despido”, ambos capítulos del Título IV de “Carrera de Servicio Policial”, contenidos en el Decreto Legislativo No. 67-2008, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a fin de permitir de manera expedita realizar la destitución de miembros de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 7.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en El Diario Oficial La Gaceta.'.
Caso Arístides González
El presidente hizo mención a la publicación de EL HERALDO que revela el informe policial que inculpa a su propia cúpula en el crimen del exdirector de Lucha contra el Narcotráfico.
El informe investigativo DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009 de la Dirección de Inteligencia Policial, así como una serie de evidencias científicas, detalla cómo altos oficiales y mandos intermedios de aquel momento planificaron y ejecutaron -el 8 de diciembre de 2009- el asesinato de González Irías, a petición de un narcotraficante de Colón.
Según el documento, la cúpula policial sostuvo al menos dos reuniones en Casamata para planificar y ultimos detalles para matar al general retirado González.
Asimismo, reune testimonios sobre la participación de sicarios policías en el asesinato del zar antidrogas en el barrio El Guanacaste.
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