Sin embargo, siete artículos de la normativa vigente bajo el decreto legislativo 323-2013 fueron reformados ayer en la vigésimo novena sesión legislativa virtual, en la que siempre privilegia a exfuncionarios.
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En lugar de hacer una aportación anual millonaria para el funcionamiento de la Unidad Especial de Protección (UEP), se le asignarán fondos a este ente de la Tasa de Seguridad Poblacional -más conocido como “Tasón”- por medio de una subcuenta especial, sin darse más detalles de conformidad al cambio en el artículo 10 del marco legal en vigor desde el 2014.
Tal y como lo informó EL HERALDO, se definió una cuarta categoría de protección especial en la que se incluyeron a aquellos funcionarios y exfuncionarios, jefes de unidades, cuya responsabilidad principal haya sido el cuidado y protección de los dignatarios. Otros a los que se les brindará resguardo son a los presidentes, expresidentes y demás miembros de las comisiones ordinarias de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional, la o el titular de la dirección ejecutiva del Servicio de Administración de Rentas (SAR), autoridades y excomandantes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) así como de las diversas dependencias de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, jueces, fiscales o a exoperadores de justicia.
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Los ciudadanos cuya responsabilidad es o haya sido la colaboración en la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa, previo a su respectivo análisis, también contarán con este beneficio. Antes de dejar el poder, el Partido Nacional busca blindar a sus dirigentes y activistas que se están desempeñando en cargos públicos, quienes han estado implicados en casos de corrupción e impunidad y con el nuevo gobierno cesarían en sus funciones. Aunque no dirigió la reunión remota de ayer, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, se quejó por el alboroto que se hizo por los medios de comunicación ante la pretensión inicial del Congreso -que al final no se consumó como se había previsto-, tildando como “churro” (o noticia irrelevante) lo divulgado en los distintos espacios periodísticos.
La diputada nacionalista Sara Medina pidió la dispensa de debates para que el dictamen se admitiera en uno solo, aprovechando su intervención para presentar una moción que incorpore dentro de los beneficiarios de la categoría dos a todos los directivos del CN, misma que fue aceptada y por ende quedó admitida en la totalidad del decreto.
Otros cambios
La UEP ya existe y de ahora en adelante estará adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y su jefe será nombrado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por el término de cinco años, quien podrá ser cesado de su cargo únicamente por decisión unánime, de conformidad con la nueva redacción del artículo seis.Los recursos con los que funcionará la referida entidad de carácter técnico, especializado y permanente deberán de incluir “los gastos de seguridad y movilización del funcionario o exfuncionario protegido y del personal asignado para su protección, cubriendo los gastos y costos operativos necesarios para dar protección real en la vida de los funcionarios y exfuncionarios y todos los mecanismos logísticos que garanticen la seguridad y protección”, estipula el primer párrafo del artículo diez.
El Partido Nacional se prepara para dejar el poder a partir de enero de 2022.
