Tegucigalpa, Honduras
La creación de una comisión nacional de ciberseguridad será promovida por el Congreso Nacional como parte del proyecto de decreto de la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet.
Así lo anunciaron los miembros de la comisión de dictamen de esta iniciativa, la cual es integrada por los diputados del Partido Nacional Johana Bermúdez y Gerardo Martínez, este último es quien la preside.
Esta entidad recibirá las denuncias y quejas tanto de personas naturales como jurídicas afectadas por campañas de odio, discriminación, incluyendo la clonación de cuentas de Facebook que divulgan contenido falso en los medios digitales de libre difusión del pensamiento.
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Además, tendrá su propio personal y contará con el respaldo de unidades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), al igual que la Dirección Policial de Investigación (DPI), cuyos miembros están siendo preparados en delitos cibernéticos.
El nuevo organismo será parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, al que se le asignará una partida presupuestaria para operar con sus propios recursos y logística. El secretario del CN, Tomás Zambrano, diputados y técnicos de Conatel se reunieron con representantes de los medios de comunicación para socializar la polémica iniciativa que sería discutida hoy en primer debate en la cámara legislativa.
Aunque las bancadas de los partidos de oposición todavía no han tomado una determinación sobre el respaldo o rechazo de este proyecto, tan solo se requiere mayoría simple para aprobar su articulado, es decir 65 votos con los que cuenta el PN de acompañarlo los congresistas de los partidos minoritarios a fines.
No hay censura
“Nos estamos censurando a nadie ni vamos a perseguir ninguna cuenta de Facebook, Twitter, sino que es por denuncia”, enfatizó Martínez como respuesta a la polémica que ha surgido por el tema.
Agregó que “los que ponen fuera JOH en las redes sociales no tienen ningún problema, pueden seguir haciéndolo porque no genera odio ni surte efecto a terceros”.
Aclaró que con esta legislación no se busca proteger a ningún político u otro grupo, al contrario, será de aplicación general, procediéndose en base a denuncias y no de oficio.
Los medios de comunicación no tendrán responsabilidad penal, sino que será para los usuarios de redes sociales que va más allá de Twitter, Facebook, que son las más populares, detalló Martínez.
Zambrano reconoció que el Estado no podrá tener el alcance ni la capacidad de regular todas las publicaciones de las redes sociales. Para tipificar aquel contenido considerado como odio se requiere definir parámetros como los criterios de grupo en situación de vulnerabilidad, humillación de la publicación, malignidad e intencionalidad, precisó.
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