MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este jueves preocupación por varios proyectos de ley, en República Dominicana, que insisten en penalizar la difamación, incluso en el ciberespacio.
Para la SIP estos proyectos “sobreprotegen” a los dirigentes ante las críticas, además son una mordaza a la libertad de expresión y labor periodística en República Dominicana.
Estas normativas coartantes corresponde a la Ley contra la Ciberdelincuencia y la revisión a la Ley 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento. Ambas fueron sometidas por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
La reforma al Código Penal dominicano sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos.
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El nuevo proyecto de Ley contra la ciberdelincuencia aumenta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos, sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para evitar multas.
Además, fue presentado otro proyecto de ley por la senadora de la provincia Bahoruco de República Dominicana, Melania Salvador, el cual regula el derecho a la intimidad y el honor.
De acuerdo a la SIP, estas medidas son contrarias a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los ciudadanos.
En ese sentido, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, lamentó que República Dominicana “esté virando en posición contraria a la libertad de prensa”.
Agregó que, son épocas para descriminalizar la difamación cuando se refiere a personas públicas, de esta forma se eliminan los privilegios no los poderosos, no se potencian.
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La SIP también había solicitado a República Dominicana que se cumpliera con “criterios de racionalidad y proporcionalidad” en materia de sanciones civiles, porque pueden convertirse en limitaciones para medios de comunicación.
Carlos Jornet también mencionó que es importante que las autoridades dominicanas adapten la legislación nacional a criterios de jurisprudencia Interamericana.
“Legislar a ciegas conlleva el riesgo de que se retroceda décadas y se caiga en los autoritarismos del pasado, siempre dispuestos a cercenar la libertad de prensa y la labor independiente y crítica de los medios y periodistas”, enfatizó Jornet.
Canahuati y Jornet recordaron que el presidente Abinader firmó, en octubre de 2020, la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
En la Declaración se señala que “los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o compartidos por terceros en sus plataformas”.
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