Tegucigalpa, Honduras.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a mostrar su preocupación por un nuevo golpe que se le intenta dar a la libertad de prensa en Honduras.

La SIP considera que la acción judicial contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV) por parte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) es un intento de intimidación en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

RCV reveló en un informe reciente que la Tesorería General de la República habría registrado un sobregiro de 6,500 millones de lempiras, presuntamente destinados a la organización de elecciones primarias y administrados por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala con preocupación que la querella penal interpuesta el martes por la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), es un intento de intimidación en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

RCV denunció en un informe reciente un sobregiro de 6.500 millones de lempiras -más de USD 250.000- en la Tesorería General de la República, presuntamente destinados a la organización de elecciones primarias y administrados por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa), según informes de prensa.

Como respuesta, la Sefin anunció la interposición de una demanda por injurias y calumnias contra Rodríguez y acusó al medio de difundir información sin pruebas documentales.

La entidad gubernamental argumentó que “la acusación hecha por el medio de comunicación RCV no presenta ninguna evidencia o prueba documental, por lo cual es eminentemente especulativa”, e indicó que la denuncia había sido desvirtuada en su totalidad mediante el Comunicado DCI-013-2025.

Asimismo, sostuvo que la Ley de Emisión del Pensamiento ampara el derecho a la información, pero no a la difusión de lo que consideró una “campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente”.

En respuesta, RCV reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, y sostuvo que su denuncia sobre el sobregiro de 6.500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República se basó en “información creíble y verificable”.

La emisora argumentó que su labor se fundamenta en el derecho constitucional de informar a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos y rechazó cualquier intento de censura o amedrentamiento que busque silenciar su labor periodística.

Además, enfatizó que “RCV no se prestará a narrativas oficiales que pretendan desvirtuar hechos documentados ni cederá ante presiones que buscan silenciar la denuncia sobre el uso indebido de fondos públicos”.

Las denuncias penales contra periodistas y medios de prensa por presuntas calumnias e injurias contradicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de libertad de expresión reconocidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y en la Declaración de Chapultepec de la SIP, cuyo principio 10 sostiene que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

Existe consenso creciente entre organismos internacionales y jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de calumnias e injurias que se imputen al periodismo.

“Las querellas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”, declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

“Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental”, aseguró Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, enfatizó que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa. En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente”, indicó Jornet, director de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.

La SIP observa con preocupación la situación de la libertad de prensa en Honduras. En enero pasado la organización se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas de diario El Heraldo.

En febrero la SIP condenó una campaña de intimidación contra la prensa en Honduras de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información. Posteriormente el militar anunció que retiraría las denuncias, pero aún no lo ha concretado.