Tegucigalpa, Honduras
Una lluvia de cheques salieron de “La Caja Chica de la Dama” para terceras personas, que devolvían el dinero en efectivo a los funcionarios públicos.
El requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP), en poder de EL HERALDO, revela cómo la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo habría montado una red para justificar la fuga de dinero de su despacho.
Sin bien el Despacho de la Primera Dama no recibe fondos directamente del Presupuesto General de la República, desde el Ejecutivo y otras instituciones del Estado o de hasta de países cooperantes llegaban los recursos.
De acuerdo al documento, el 28 de junio de 2011 Bonilla de Lobo, en compañía del administrador de la Casa de Gobierno, Wilfredo Francisco Cerrato Durón, abrieron la cuenta de cheques número 001-102-50790.
La cuenta bancaria fue puesta a nombre de Casa Presidencial/Despacho de la primera dama de la nación, teniendo como firma registrada únicamente la de Rosa Elena Bonilla Ávila, es decir que ella podía disponer de los recursos.
Entre el 28 de junio del 2011 al 28 de febrero del 2014, la cuenta tuvo ingresos por 94,689,873.77 lempiras.
Durante ese tiempo, Bonilla de Lobo recibió desembolsos de Casa de Gobierno, es decir que su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, le hacía depósitos de manera recurrente con cantidades que superaban los seis millones de lempiras.
También hubo depósitos de la Empresa Nacional Portuaria, de la Embajada de China (Taiwán) en Honduras y de asociaciones y personas particulares.
Durante este período de tiempo sustrajeron 16,825,401.38 lempiras mediante la emisión de unos
70 cheques.
Entre algunas de las personas que recibieron los cheques están: Orvin Flores, Daryl Durón, Glenda López, Alex Fong, Daury Ramos, Ireska Beatriz Valle, Julio Josué Galdámez, Saúl Fernando Escobar Puerto y la misma ex primera dama con fechas y cantidades diferentes, según el
requerimiento fiscal.
Justificar
Para los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Bonilla de Lobo es funcionaria pública desde el momento que administraba recursos públicos.
La forma de operar de la red de corrupción que lideraba Bonilla de Lobo era sencilla, simplemente se rodeó de sus hombres de confianza para justificar la salida del dinero en cheques.
Las ayudas sociales para los niños pobres fueron la mejor excusa para desviar los fondos del despacho que se supone debía velar por la protección de la infancia y de las mujeres.
Mediante las investigaciones se logró establecer que “en efecto, personas naturales y jurídicas recibieron cheques sin justificación legal alguna de parte del Despacho de la Primera Dama”.
Ninguna de las personas que recibieron los cheques eran proveedores, contratistas, ni beneficiarios de ningún proyecto social de los que manejó el despacho de Bonilla de Lobo.
Las personas que cobraban los cheques fueron contactadas por el ahora fallecido Julio Josué Galdámez Figueroa, quien era empleado del Programa de Asignación Familiar (Praf), adscrito al Programa de Desarrollo Comunitario (Udeco), dependiente de la Secretaría de la Presidencia.
El programa Udeco era ejecutado nominalmente por el Despacho de la Primera Dama, donde ejercía funciones como asistente el cuñado de Rosa Elena Bonilla, Manuel Mauricio Mora Padilla, y también era director de Udeco.
Galdámez Figueroa contrataba a diversas personas a cambio de un beneficio económico y previo a entregar los cheques, el coordinador de los programas sociales de Udeco, Saúl Fernando Escobar Puerto, firmaba contratos de entrega de zapatos y demás documentos relacionados para justificar las erogaciones del dinero.
Los cheques los emitía la ex primera dama a nombre de los proveedores falsos, quienes iban al banco en compañía de Galdámez Figueroa, quien recibía el dinero en efectivo y en otras ocasiones el cuñado de Bonilla de Lobo.
En la investigación se identificó un cheque de caja de la cuenta número 6536603 por un valor de 4,821,267.13 lempiras, de fecha 6 de noviembre del 2015 a nombre de la ex primera dama y que está pendiente de pago, es decir, que todavía puede ser cobrado.
En su quinto inciso, el requerimiento fiscal señala que el señor Galdámez Figueroa fue representante legal de la empresa Inmobiliaria M&B, en la cual figura como socia la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, quien es socia de la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar) privada al cartel de Los Cachiros.
