El Ministerio Público presentó en la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra el actual vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
Al alto funcionario del Poder Judicial se le acusa por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, figuras delictivas contenidas en los artículos 349 y 369 del Código Penal vigente.
En este mismo requerimiento se acusa por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias.
La Fiscalía pidió en el escrito abrir antejuicio contra los tres funcionarios.
En entrevista con HRN, Bonilla aseguró que desconocía la razón por la que había sido acusado, pero indicó que se apersonaría a la Secretaría de la Presidencia.
EL HERALDO conoció que este requerimiento señala tráfico de influencias en el caso denominado Shalom en los que presuntamente se acusó a dos familiares del concejal Bonilla.
Este caso refiere a una operación realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con la Policía Militar en la que se dio captura a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla.
Fueron acusados por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales.
