TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hoy martes se cumplen seis meses de la entrada en vigor del estado de excepción parcial y del plan antiextorsión en Honduras, con resultados sumamente pobres en relación con las expectativas.
Al menos así lo revela una investigación que realizó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre el impacto de la medida en su primer semestre.
Tras un clamor generalizado, la Secretaría de Seguridad aprobó un plan de lucha contra ese flagelo y presentó un estado de excepción parcial que entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 y anunció un apoyo financiero a la Policía por un monto de mil millones de lempiras.
Impacto
Para realizar la medición, esta organización, a través de la empresa encuestadora Le Vote, aplicó una encuesta telefónica a 847 personas en 173 municipios del país, igualmente se realizó un análisis a las estadísticas oficiales.
El informe de los hallazgos, bajo la autoría del abogado danés Andreas Daugaard, revela que para finales de 2022 el porcentaje de víctimas por extorsión era de 9% del total de la población encuestada.
No obstante, seis meses después el porcentaje es de 8.4%, presentando una reducción ínfima de 0.6%.Según el documento, mientras en diferentes momentos la Secretaría de Seguridad ha presentado cifras de detenciones, solo 84 casos de extorsión han sido presentados ante los juzgados en materia de extorsión en el período analizado.
La situación es tal que solo un poco más de un tercio de la población sabe que existe un plan de tratamiento de la extorsión y delitos conexos.
Es más, de las 30 acciones establecidas en el plan, solo una ha sido cumplida, tres están en proceso, 11 no están cumplidas y para 15 de ellas no hay información pública para evaluarlo, precisa. Los investigadores señalan que la extorsión ha migrado de las principales ciudades a otros poblados.
