Una inmobiliaria de Los Cachiros valorada en tres millones de lempiras fue adquirida por la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, reiteró este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), durante su comparecencia al Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia contra los tres magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción que recalificaron los delitos.
Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, manifestó que no debían revocarle el delito de lavado de activos a la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, ya que existe un cheque que la vincula al clan del narcotráfico Los Cachiros. Es decir que la resolución tiene la intención de absolver de toda responsabilidad a Elena de Lobo.
La acción desconoce lo estipulado en el artículo 35 de la norma reguladora, que literalmente dice: «AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN PENAL, la autonomía de la acción penal en los delitos que tipifica este capítulo, deben ser enjuiciados y sentenciado por los “órganos jurisdiccionales” competentes como delito autónomo de cualquier otro ilícito penal contenido en el ordenamiento común y en las leyes penales especiales…».
Mediante un comunicado, el CNA recordó que los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentaron pruebas 'contundentes' que establecen que 'en efecto, personas naturales y jurídicas recibieron cheques sin justificación legal alguna de parte del Despacho de la Primera Dama'.
Los cheques que emitía Rosa de Lobo pusieron en evidencia la red de corrupción que ella operaba: se rodeaba de sus hombres de confianza para justificar la salida del dinero.
Ninguna de las personas que recibieron los cheques era contratistas, beneficiarios o proveedores de proyectos sociales. Todos eran contactados por el fallecido Julio Josué Galdámez Figueroa, empleado del Programa de Asignación Familiar (Praf).
A la ex primera dama le aseguraron diez bienes inmuebles el pasado 28 de febrero, día en que fue capturada en El Chimbo.
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