TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Sala de lo Constitucional admitió este viernes el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Ramón Matta Waldurraga.
Según se conoció, el recurso, donde se solicitó la suspensión del acto reclamado, otorga medidas sustitutivas a la prisión a Matta Waldurraga.
De acuerdo con uno de los abogados de Matta Waldurraga, a él ya se le venció el tiempo de prisión preventiva y por consiguiente debe tener medidas distintas a prisión.
"En su momento se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, puesto que no respetó el abogado Claudio Aguilar, el hecho que el artículo 389 establece el abono a la prisión preventiva, esto quiere decir que el tiempo que un privado de libertad que fue solicitado en extradición, el tiempo le va a correr desde el primer día que es detenido y el señor Matta Waldurraga fue detenido el 30 de diciembre de 2019 y cuando él llegó a Honduras él ya tenía el tiempo de prisión preventiva establecida”, detalló el abogado Marlon Duarte.
”Esta corte en respeto a los tratados internacionales, ya han pasado casi tres años seis meses, más de un año en prisión preventiva, por lo que la corte estimo en apego al derecho se emitiera una medida distinta a la prisión preventiva”, reiteró.
La prisión preventiva que fue dictada el pasado octubre de 2022 por suponerlo responsable del delito de lavado de activos agravado.
Caso
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, fue durante la Operación Terremoto, que se ejecutó en el 2017, que se realizaron 14 allanamientos a viviendas ubicadas en Tegucigalpa y Cedros en Francisco Morazán, Danlí en El Paraíso y en Lepaguare y San Esteban, en Olancho.
Asimismo se llevó a cabo los “aseguramiento de 49 asientos en los cuales se encuentran inscritos bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho”, detalla el MP.
En la acusación también se encuentran Asdrubal Humberto Mejía Sobalvarro, Eduardo Rodríguez Bustamante, Johnny Alexis Galeas Galeas, Josué Natanael Borjas Guifarro, Ada Edelmira Borjas Guifarro, y Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.
Las indagaciones mostraron la existencia de un grupo organizado que durante un tiempo procedieron a adquirir e invertir con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
Estas actuaciones se realizaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras.
