Tegucigalpa, Honduras
Aunque no se precisó la cifra exacta, algunos de los siete exfuncionarios investigados por el Ministerio Público por supuesta vinculación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht ya se presentaron a la sede fiscal parar rendir su declaración.
“En el marco de las investigaciones, algunos de ellos ya se presentaron al Ministerio Público para rendir su declaración sobre sus supuestas implicaciones en ese caso”, reveló a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Este caso se encuentra en pleno proceso investigativo y no se descarta que a medida avancen las indagaciones la Fiscalía pueda emitir los requerimientos fiscales contra los supuestos implicados.
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La investigación del Ministerio Público obra en su poder desde el año pasado y existen avances sustanciales del caso.
“Desde el año anterior se han secuestrado documentos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para conocer detalles sobre en qué consistían y quiénes firmaron los contratos”, dijo la fuente.
Hasta ahora se desconoce quiénes son los siete exfuncionarios que están siendo investigados por supuestas implicaciones en el caso Odebrecht.
Lo que se sí sabe es que los exfuncionarios formaron parte de la ENEE en los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo.
Hace unos días, un fiscal del MP y un representante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) viajaron a Brasil, donde se reunieron con dos testigos que les proporcionaron detalles sobre el pago de un supuesto soborno por parte de la empresa Odebrecht en Honduras.
Presuntamente, esta empresa brasileña pagó sobornos a exservidores públicos nacionales para que le adjudicaran la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, en el departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con estimaciones, la construcción de estas obras estaba valorada en 800 millones de dólares.
La trama de corrupción de la Constructora Norberto Odebrecht implica la repartición de 778 millones de dólares como incentivos ilegales a funcionarios, presidentes y expresidentes de América Latina para ganar proyectos de infraestructura, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En el año 2013, la empresa constructora Marcelo Odebrecht cerró operaciones en Honduras.
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