TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, presentó un proyecto de decreto encaminado a la reducción de salarios en la administración pública. Además, entregó una carta que autoriza una reducción del 10% a su sueldo.
En la carta entregada a la junta directiva del Poder Legislativo, el congresista del departamento de Santa Bárbara solicitó que se le quitara el seguro médico, pues de necesitarlo hará uso del sistema de salud del Estado.
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“Estamos pidiendo y autorizando al Congreso Nacional para que se nos rebaje el 10% del salario y se nos quite el seguro médico privado que tenemos como diputados. En este momento creo que la afiliación al Seguro Social debe ser institucional, nosotros vamos a hacer uso del sistema de salud del Estado, como cualquier ciudadano”, dijo Castellanos.
El diputado de Libre además detalló que con esta rebaja salarial dejaría de recibir unos 500 mil lempiras durante estos cuatro años, tomando en cuenta el pago del aguinaldo y el decimocuarto durante ese periodo.
“Con esto estamos acompañando a nuestra presidenta -Xiomara Castro- en este programa de austeridad. O todos en la cama o todos en el suelo, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó Castellanos.
Asimismo, el diputado expresó su deseo de que el dinero que deje de percibir sea entregado por el Congreso Nacional a través de un cheque al Hospital Santa Bárbara Integrado para la mejora de sus instalaciones y equipos.
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“Dentro de la solicitud hemos planteado que a final de año el Congreso Nacional diga que el diputado Sergio Castellanos tuvo una rebaja de 126 mil lempiras, por ejemplo, para que se elabore un cheque en el Congreso para el Hospital Santa Bárbara Integrado. No va a pasar por mis manos, lo va a entregar directamente el Congreso. Eso tal vez no resuelva los problemas del hospital pero sirve de algo”, apuntó el congresista.
Proyecto de ley de austeridad
El vicepresidente del Legislativo, Rasel Tomé, presentó un proyecto para crear una ley de austeridad para la administración pública, en el cual se establece que ningún funcionario podrá tener un salario mayor al de la presidenta de la República.
“Con este decreto estamos poniendo las cosas en orden”, dijo Tomé ante la Cámara Legislativa.
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