TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En los siete años de la última administración, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió 3,281 expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público (MP), sin embargo, solo 11 de los casos enviados al MP fueron por la causal de enriquecimiento ilícito.
La ciudadanía se pregunta: ¿No hubo corrupción pública entre los años 2016 y 2023 o existió displicencia en las autoridades del TSC?
En los primeros seis años de la gestión de José Juan Pineda Varela, Roy Pineda Castro y Ricardo Rodríguez, se llevaron a cabo 110 plenos resolutivos y cinco más entre enero y los 15 días del mes de febrero de 2023, cuando Roy Castro dejó el TSC por salir electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En los 115 plenos se emitieron 6,234 resoluciones; acciones que según el TSC se vieron mermadas por la influencia de la pandemia del covid-19, en el año 2020.
El ente contralor del Estado también remitió a las instancias correspondientes 1,921 pliegos de responsabilidad y 773 pliegos de responsabilidad administrativa.
En el informe de gestión comprendido entre finales de 2016, cuando asumieron sus cargos, y octubre de 2023, el TSC percibió 36,549,968 lempiras por el cobro de multas por declaraciones juradas no presentadas.
Además, percibieron 472,000 lempiras por multas impuestas a conductores de carros del Estado que circulaban en momentos que no debían de estar en uso.
También 51,065,590 lempiras por pago de responsabilidad civil y por responsabilidad administrativa 1,649,676 lempiras, para hacer un total de 89,737,335 lempiras en recaudación por multas.
El 50% de todos esos fondos se quedaron en la administración del TSC y el otro 50% pasó al tesoro del Estado.
Los magistrados Pineda y Rodríguez aseguraron que dejarán sus cargos hasta que el Congreso Nacional elija a sus sustitutos.
