TEGUCIGALPA, HONDURAS
Dirigentes de la sociedad civil cuestionaron la pretensión de los imputados en el caso Pandora para evitar la cárcel por el delito que se les acusa.
“Existe una apuesta clara y precisa a modificar el marco jurídico del país acorde a los intereses de la clase política dominante, lo que es inaceptable”, declaró el delegado de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera.
Enfatizó que “este tipo de situaciones pone ante una inminente acción judicial a muchos de los que hoy pretenden modificar el marco jurídico para su beneficio particular, argumentando que se sienten lacerados”.
Representantes legales de varios sindicados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) han interpuesto siete recursos de inconstitucionalidad ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del artículo 184 del Código Procesal Penal.
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La disposición estipula un listado de 21 delitos en los que no procede la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar. Actuales diputados del Congreso Nacional y otros funcionarios han sido inculpados en el caso Pandora por el delito de lavado de activos por el cual no se les podría sustituir la prisión preventiva en caso de que así lo dicte la magistrada Lidia Álvarez Sagastume, quien fue designada como juez natural que conocerá la causa.
El exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, señaló que en el 2013 se reformó este artículo del instrumento jurídico penal con la venia de congresistas que están siendo acusados y que ahora “le tienen miedo a la ley”.
