Tegucigalpa, Honduras
Diversos sectores de la sociedad hondureña coinciden en que el presidente Juan Orlando Hernández deberá vetar el decreto legislativo que contiene las cuestionadas reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
El potencial veto del presidente de la República a esas modificaciones que recientemente los diputados realizaron a la ley debe ser señal irrefutable de que el combate contra la corrupción no se interrumpirá”, estableció el dirigente de sociedad civil Omar Rivera.
Denunció que “las reformas muestran una tendencia regresiva en la guerra contra la corrupción, que se constituye en giro de timón nefasto que en nada beneficia a la ciudadanía”.
Por su parte, la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lamentó que exista un “esfuerzo tangible para fortalecer la corrupción desde el Congreso Nacional”.
La mayoría de diputados están legislando a favor de la impunidad, se están cubriendo y esto genera el problema que ahora estamos teniendo, que el nido de corrupción no hay que buscarle en otro lado que no sea en el Congreso Nacional, señaló.
Los dirigentes del CNA coinciden en que el presidente de la nación debe vetar las polémicas reformas.
Presumiblemente, el presidente Hernández vetará las reformas después de la Semana Santa.
La Constitución establece que “si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional, exponiendo las razones en que se funda su desacuerdo”.
Cuando el Ejecutivo devolviere el proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a nueva deliberación, y quedará firme si fuere ratificado por 86 de votos de los diputados.
La norma establece que “si el veto se fundare en que el proyecto de Ley es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin ir previamente a la Corte Suprema de Justicia.
