TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con más de 21,000 reclusos, las 25 cárceles y sus tres anexos son un nicho perfecto para una eventual propagación del Covid-19, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento, si no se toman las medidas de prevención.
Desde hace algunas semanas, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) manifestó haber tomado todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios, sin embargo, familiares de los reos alegan lo contrario.
El coronel José Miguel Mejía Medina, gerente administrativo del INP, dijo a EL HERALDO que “hay un protocolo que se ha socializado con la Secretaría de Salud y es el que se va a desarrollar”.
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Mejía Medina explicó que “el plan de operaciones está encaminado en tres fases, la primera es la de preparación y prevención, en eso hemos estado trabajando”.
El oficial aseveró que lo que se está haciendo dentro de las cárceles en torno a la prevención de contagios de Covid-19 lo está manejando el departamento médico del INP.
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Al consultarle si ya habían salas de aislamiento, el gerente administrativo del INP contestó que “se están acomodando espacios para crear las salas de aislamiento en los centros penales”.
Continuó, “ya están, van uno por uno, desarrollándolas cada quien en los centros pero de acuerdo a los espacios, porque hay que conocer que muchos de los centros penales tienen espacios reducidos, se está haciendo una reacomodación”.
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Ante esto, Hugo Maldonado, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), aseguró que “confiamos en que lo que la autoridad penitenciaria está manifestando así sea, pero nosotros tenemos la voz cantante de los privados de libertad y de sus familiares”.
El titular del Codeh recomendó hacer de inmediato una intervención sanitaria de la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) como una de las medidas en el sistema carcelario.
“Por varios aspectos, uno, por las mujeres embarazadas; dos, hay menores de edad que viven junto a sus madres al interior de este centro penal y tres, hay personas con temperatura en la PNFAS, me lo han confirmado ellas; he estado en plática con ellas y con las mismas custodios”, expresó Maldonado. El defensor de derechos humanos compartió que ha tenido información que “en PNFAS no tienen todo el equipo de bioseguridad”.
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Enfatizó en que la cárcel de Támara es una de las que representa un mayor peligro, en caso de contagios, “representa casi el 40 por ciento de la población penitenciaria, por el súper hacinamiento que hay en ese penal, al tres por uno”.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta con el ahora llamado Centro Nacional Penitenciario de Támara es la alta incidencia de enfermedades comunes como hipertensión, tuberculosis, VIH, entre otras.
La combinación de estas con el Covid-19 sería catastrófica para la población penitenciaría del país.
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Hugo Maldonado es del criterio que “con una persona que se introduzca con el virus en Támara, o en Los Pozos, será una pandemia de primer grado en esas cárceles”.
Una de las medidas para paliar el hacinamiento actual en la mayoría de los penales sería reformar el artículo 184 del Código Penal, para cambiar de la situación de prisión a arresto domiciliario a una buena parte de los reclusos. Hasta la fecha, las autoridades del INP no han reportado a ninguno de los reos con sospecha de portar el virus.
Asimismo se restringieron las visitas de familiares en los reclusorios desde que se supo que el Covid-19 estaba presente en el país.
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