TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Cártel de Sinaloa fue fundado en México a finales de la década de los 80’ y a la fecha mantiene aliados en diferentes partes del mundo. Siendo un país de tránsito y -en los últimos años- producción de drogas, Honduras no es la excepción.
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Sus tentáculos no solo se han infiltrado en la Policía Nacional del país centroamericano, sino que además han calado en las esferas del poder político.
El Cártel de Sinaloa alcanzó a la familia de un expresidente y a las fuerzas del orden
Fue en junio de 2016 cuando se empezaron a conocer los efectos de la temida estructura en Honduras, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera un documento que explicaba que seis policías hondureños eran investigados por sus nexos con el narcotráfico, aunque en realidad, varios hondureños llevaban años colaborando con la organización.
Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez fueron acusados de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y por tráfico de armas de fuego y delitos conexos.
A los seis uniformados se les señaló además de contribuir con Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, para “garantizar el paso de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino a ciudades norteamericanas”.
Toda esa droga era propiedad del Cártel de Sinaloa, según el documento del Departamento de Estado, en donde detallaron que Lobo, los seis policías y dos narcotraficantes mexicanos se reunieron para estudiar el mapa de Honduras y determinar las mejores rutas para el trasiego del alucinógeno, las cuales debían estar alejadas de los puestos de control policial.
“Lobo acordó recibir un millón de dólares en ganancias por el traspaso alrededor de junio de 2014. Durante la misma reunión, los acusados acordaron aceptar un soborno de unos cien mil dólares aproximadamente cada uno para pagar a sus subordinados, sumando un total de doscientos mil dólares en sobornos adicionales, con el fin de proporcionar seguridad armada para la cocaína que transitó Honduras antes de ser enviada a los Estados Unidos”, decía textualmente el escrito.
Como era de esperarse, los agentes negaron cualquier implicación con el tráfico de drogas, al igual que lo hizo el hijo de Lobo Sosa. Sin embargo, todos fueron extraditados y enjuiciados en cortes del país norteamericano.
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Para el caso, Ludwin Zelaya, Juan Manuel Ávila Meza y Carlos José Zavala Velásquez fueron condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos. Mientras que Víctor Oswaldo López Flores fue condenado a cinco años de cárcel en 2018 y regresó al país en 2021 y Mario Guillermo Mejía Vargas permanece pendiente de sentencia.
De su lado, Fabio Lobo, capturado en 2015 durante un viaje a Haití, recibió una pena de 24 años de prisión por narcotráfico en una corte de Nueva York.
Nexos con diputado
Las investigaciones en poder de Estados Unidos apuntaron que en 2012, otro hondureño, de nombre Fredy Renán Nájera Montoya, llegó a un acuerdo con el cártel de Sinaloa para traficar la droga a través de Puerto Cortés, un importante embarcadero del Caribe hondureño.
Pero en 2018, la justicia lo alcanzó y siendo diputado del Congreso Nacional fue capturado y extraditado para ser enjuiciado.
Una vez allá y en medio de su juicio, Nájera y otros involucrados rompieron el silencio y comenzaron a vincular a otros hondureños en testimonios sorprendentes y aterradores, que daban cuenta de cómo el grupo delictivo se había instaurado en Honduras.
Financiaron campañas políticas
La misma acusación fue hecha contra el liberal Yani Rosenthal en el juicio contra el expolicía, pues se dijo que “el demandado pidió a miembros del Cártel de Sinaloa aproximadamente 1 millón de dólares para el excongresista Yani Rosenthal, que el demandado explicó sería utilizado para la campaña (fallida) de Yani Rosenthal, para convertirse en presidente de Honduras. Posteriormente, el Cártel de Sinaloa pagó al demandado aproximadamente $ 1 millón en pagos a plazos, y el demandado confirmó a los traficantes que se lo entregaron a Rosenthal”.
Tras acceder a dar pruebas contra algunos de los antes mencionados, Nájera fue condenado en octubre de 2022 a 30 años de cárcel en Estados Unidos, reduciendo significativamente la pena que iba a enfrentar.
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Acuerdos de poder con dos hermanos
Pero de todos los involucrados, los más reconocidos posiblemente sean Juan Antonio “Tony” y Juan Orlando Hernández Alvarado, hermanos y exmiembros del gobierno de Honduras.
Tony, que fue el primero en ser detenido, fungió como diputado por el Partido Nacional y fue acusado por las autoridades estadounidenses por narcotráfico, corrupción y tráfico de armas. El exparlamentario recibió su sentencia condenatoria en 2021, enfrentando cadena perpetua en Nueva York.
De acuerdo a las evidencias, Tony se involucró en el mundo del narcotráfico gracias a personas con las que un amigo lo contactó. Ese amigo fue identificado como Carlos Toledo, quien lo enlazó con los también hondureños, Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo” y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H” y el guatemalteco Fernando Josué Chang Monroy.
Fue así que de 2004 a 2010 Tony les proporcionó información sensible, como la ruta de los operativos y otro tipo de datos que les permitía traficar sin ser detenidos. Hasta que en un punto, entendiendo el peligroso negocio, decidió crear su propia marca, denominada ‘TH’, liderando el proceso de producción y tráfico de drogas.
Chang Monroy, al certificar la pureza del producto, decidió unirse a su equipo y comenzaron a traficar la droga hasta México, para que el Cártel de Sinaloa la colocara en Estados Unidos.
Así transcurrieron los años, hasta que en 2012, Tony incursionó en política y ganó una curul en el Congreso y su hermano, Juan Orlando, quien ya era diputado y presidente del Legislativo, aspiraba a convertirse en presidente del país.
Ese mismo año habrían aprovechado la coyuntura del robo de un cargamento de droga en la frontera entre Honduras y Guatemala para dicho fin.
La cocaína era propiedad del Cártel de Sinaloa, por lo que su líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán, viajó hasta el occidente del territorio hondureño para reclamar lo sucedido. A la reunión asistió el narco mexicano, el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón (también extraditado) y otros líderes del clan hondureño Valle Valle, que también eran socios del Cártel.
Según los testimonios, Tony le pidió a “El Chapo” que financiara la campaña para su hermano a cambio de seguridad para sus futuros cargamentos y este aceptó dándole un millón de dólares.
Las elecciones se llevaron a cabo en 2013 y el siguiente año Juan Orlando tomó posesión, pero durante su gestión como presidente del Congreso, presionado por los compromisos diplomáticos de Honduras, se firmó un convenio de extradición con Estados Unidos, el cual permitió que narcotraficantes como los mencionados al inicio de este artículo fuesen llevados ante la justicia de aquel país.
Esa misma ley fue la que provocó que su hermano y posteriormente él (el 21 de abril de 2022) fuesen extraditados por cargos relacionados a su actividad en el narcotráfico.
El exmandatario está a las puertas de un juicio en Nueva York, donde podría recibir la misma sentencia que Tony, pues es señalado por los mismos delitos y acusado de integrar redes de narcotráfico desde 2004.
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