TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La opinión de expertos biomédicos y médicos fue clave para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectara indicios de responsabilidad penal en la compra de equipo médico ejecutada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por más de 50 millones de lempiras.
Durante la investigación, los auditores entrevistaron a los expertos, que concluyeron que los ventiladores mecánicos, succionadores y el resto del equipo comprado por Copeco no era el adecuado para atender a los pacientes afectados por el covid-19.
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Para el caso en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, “se recibió ventiladores vivo 50/65 incompletos y tras hacer pruebas aisladas los mismos funcionaban, pero no se podía disponer por falta de piezas”, indicó el jefe de la Unidad de Biomédica de ese centro hospitalario.
Además, indicó que “los equipos en mención se recibieron sin los accesorios necesarios para su puesta en marcha”.
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Mientras que su director, José Medina, manifestó que “desde el punto de vista especializado, el equipo no es apto para afrontar una pandemia, puesto que la visión primaria era la ventilación invasiva”.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Nora Maradiaga, expresó que dada la emergencia sanitaria y el aumento de pacientes hospitalizados por covid-19, entre junio y julio se intentó probar con dos ventiladores mediante adiciones de sensores y cables, “pero nos dimos cuenta y confirmamos que los ventiladores solamente sirven para transporte de pacientes de un lugar de corta distancia a otro”.
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