TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició un proceso de entrega de expedientes relacionados al Fondo Departamental al Ministerio Público (MP).
La remisión de dicha documentación por parte del TSC fue aprobada por el Pleno de Magistrados en cumplimiento con el decreto No. 20-2022 emitido por el Congreso Nacional, el cual ordenaba al ente contralor remitir al MP todos los expedientes recibidos al amparo del artículo 131-A del Decreto Legislativo No. 83-2004, en el estado procesal en que se encuentren.
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Según indica el comunicado de prensa, el primer lote de documentos consta de 45 cajas, las cuales contienen 1,100 expedientes inventariados, los cuales fueron entregados a la Secretaría General del MP para garantizar la custodia de esta evidencia.
Previo a la entrega de los expedientes, el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro y el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, sostuvieron una reunión para coordinar el inicio del proceso.
Administraciones entre 2006 y 2018 son objeto de investigación
El Artículo 131-A ordenaba al TSC realizar una auditoría e investigación especial de todos los fondos públicos que fueron administrados por servidores públicos, diputados, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, fundaciones y personas naturales o jurídicas que recibieron dichos fondos.
En estos expedientes el objeto de investigación han sido los fondos públicos otorgados en las administraciones entre los años 2006 y 2018.
Los fondos antes referidos comprendían tanto el Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados.
“Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados”, sentencia el comunicado del TSC.
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ASJ había denunciado corrupción en uso del Fondo Departamental
Un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) devela el despilfarro de dinero que se dio entre los años 2007 y 2018, con estos fondos que fueron proporcionados a cientos de legisladores durante esos 11 años.
Durante ese tiempo el Congreso Nacional desembolso a los congresistas 2,340 millones de lempiras, sin embargo, solo la ínfima cantidad de un poco más de 62 millones, fue auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En 2006 se creó el Fondo Especial para el Desarrollo Social con el 1% del monto asignado para los programas presupuestarios, con algunos ministerios excluidos.
Dos años más tarde, en 2008, el Congreso toma el control de este dinero y el Fondo Social de Planificación Departamental fue dotado de 450 millones de lempiras.
Para el 2011, el Fondo de Desarrollo Departamental pasa a ser controlado directamente por el presidente del Poder Legislativo, en este caso Juan Orlando Hernández Alvarado.
Un nuevo reglamento de aplicación de los fondos se hizo oficial en 2012, en el que solo se benefició a los diputados del partido de gobierno, en este caso el Partido Nacional.
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