El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciará de oficio una investigación para confirmar responsabilidades en que habrían incurrido funcionarios por donar tierras del gobierno a invasores.
La indagación se realizará a raíz de la denuncia expuesta por EL HERALDO referida a que el gobierno “legalizó” una masiva invasión en terrenos del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en la comunidad de La Esperanza, Siguatepeque, Comayagua.
Son unas 33 manzanas de terreno del ICF las que terminaría en poder de los invasores, gracias a una acción irregular del gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
El subdirector de la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), Santos Cruz, firmó en 2007 un acta especial con el director ejecutivo del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (Proviccsol), Edilberto Espinal, para que la institución social construyera una colonia para los ocupantes. La invasión se produjo en 2005 por parte de unas 600 personas que se identificaron como miembros de la organización campesina Betelsi.
Los vecinos del lugar aseguran que en el sitio ahora habitan unas 3,000 personas.
En la zona invadida funcionó la Central de Aserrío de Siguatepeque (Casis),cuyos bienes pasaron a Cohdefor y luego a ICF.
El documento autoriza a Provicssol para que administre el predio y posteriormente firme un convenio con los habitantes de la invasión para asumir “la custodia y mantenimiento de la propiedad”.
Pesquisas
Con esta relación de hechos fue suficiente para que el TSC abriera un expediente.
“Se recoge la denuncia planteada y procederemos en la Dirección de Participación Ciudadana a hacer una investigación de cual es el proceso que se siguió para transferir a estas tierras a llámese pobladores, llámese una ONG, llámese una organización colegiada”, informó la secretaria general del TSC, Alva Rivera, en declaraciones a EL HERALDO. Planteado de tal forma como lo expuso EL HERALDO, Rivera considera meritorio analizar la denuncia para determinar si el inmueble es propiedad del Estado.
“Habría que ver, en primer lugar, qué manejo se dio en el proceso de la transferencia de los bienes de Cohdefor al ICF”, manifestó la secretaria general. A ese efecto se buscará constatar cómo la Cohdefor procedió a dar en legal forma dicho terreno a invasores.
“Quiero conocer primero el procedimiento legal que se siguió para esta donación, si es que se puede llamar de esta manera”, expresó Rivera.
En el momento oportuno un cuerpo de auditores se desplazará al ICF para revisar la documentación del caso, para emitir un informe. El TSC ahondará en la investigación, “para deducir responsabilidades, si ese fuera el caso”, advirtió Rivera.
Sin aprobación?
El exgerente de Cohdefor, Santos Cruz, aseguró que el acta firmada con Proviccsol se firmó con autorización de la junta directiva que en ese momento era presidida por el exviceministro de Ganadería, Nehemías Martínez.
No obstante, una fuente del ICF asegura que no hay en los archivos de la dependencia acta en donde conste un punto donde se aprueba ese convenio.
Sostuvo que la intención del acuerdo era darle la oportunidad a personas de escasos recursos que obtuvieran una vivienda y excluir a quienes tenían capacidad económica y pretendían aprovecharse de la situación para construir una casa.
El exfuncionario aseguró que luego de la firma del acta no se efectuó una traspaso oficial, por lo que el acuerdo quedó sin efecto.
Pero los moradores del terreno consideran que a ellos, luego de la invasión, el gobierno les dio permiso para estar en el sitio, según lo se indica en el acta.
En ese sentido, consideran que han adquirido el derecho para regularizar la posesión de la propiedad.
Legalización
Por su lado, el ministro del ICF, Trinidad Suazo, se mostró partidario de que este conflicto de tierra fuera resuelto por el Congreso Nacional (CN), pues tiene la facultad de legislar para solucionarlo.
“Viendo la problemática, que es un problema social, el Congreso debería de autorizar desmembrar esa área donde están esas casa para que las personas que tienen capacidad que paguen el justiprecio de la vara”, aconsejó.
A su juicio, una sección del terreno puede ser concedido a los invasores y el resto puede quedar siempre en posesión del ICF para que esta entidad desarrolle un proyecto forestal. “El resto desmembrado que quede al ICF porque es una área de vocación forestal que podríamos hacer un parque ecológico para beneficio de la comunidad”, acotó.
La construcción de viviendas también tiene como obstáculo la cercanía del terreno invadido con una empresa avícola, pues por regulaciones sanitarias no pueden haber asentamientos humanos cerca de industria de este rubro. La compañía se instaló antes de que se produjera la invasión en esos predios del gobierno.
