Tegucigalpa, Honduras.- La determinación adoptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al ratificar el decreto 4-2022 o Ley de Amnistía Política, será una lápida para la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), advierten sectores de la sociedad.
Esta tesis la sustentan los entrevistados por EL HERALDO en razón de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso como condición irrefutable al Estado de Honduras la reforma del controvertido precepto, conocido como Ley de Amnistía Política, para poder brindar el apoyo necesario para su instalación.
De no ser así, la ONU no apoyaría la creación de un organismo que combatiría la corrupción con la ayuda del sistema de justicia nacional.
“Debido a que la ONU no se va a prestar solo a perseguir actos de corrupción de los últimos 12 años, haberse recetado esta amnistía, que muchos llaman ‘pacto de impunidad 2.0’, le puso la lápida a cualquier intención de traer la CICIH”, argumenta el abogado penalista Fernando González.
Según González, la instalación de esta comisión investigadora en el país “quedará como una promesa incumplida de campaña. La presidenta Xiomara Castro, en su toma de posesión, dijo que en los primeros 100 días de gobierno estaría la CICIH, y todavía no ha llegado”.
El riesgo es mayor
Para el sacerdote Ismael Moreno, conocido como el padre “Melo”, tras el fallo dictado el 8 de octubre en relación con la Ley de Amnistía Política, “uno puede creer que se pone en mayor riesgo la instalación de la CICIH, una de las mayores aspiraciones del pueblo hondureño”.
Aunque ve esta posibilidad cada vez más lejana, el religioso opina que no se debe renunciar a la conformación de la CICIH, y que desde la sociedad civil “es necesario que sigamos presionando, porque la CICIH es una condición para que en este país siga funcionando la justicia”.
Desde la defensoría de derechos humanos, su juicio coincide con los anteriores, al asegurar que la ratificación del decreto 4-2022 frustraría los pequeños avances que se habían logrado para que la CICIH fuera una realidad.
“Señalamos que esto no solo es la lápida, sino el cierre del ciclo de la posible llegada de la CICIH al país. Siento que el Poder Judicial no está a la altura de la circunstancia política y social”, critica Hugo Maldonado, coordinador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).
Agrega: “Lo que hicieron fue un fallo electoral, un fallo político, no un fallo jurídico”.
¿Por qué lo hicieron?
La magistrada de la Sala Laboral, Odalis Nájera, explica que su voto a favor de declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad contra dicho precepto lo emitió tras realizar exhaustivos análisis de derecho comparado y de criterios emitidos por la ONU sobre este tema.
Una de las condiciones que Nájera propuso al pleno para dar su voto a favor fue la posibilidad de incorporar a otras organizaciones de derechos humanos que certifiquen quiénes califican o no para una amnistía política, en el caso de los defensores de derechos humanos, y no solo una institución, haciendo referencia en que el único ente sumado al análisis fue el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Por su parte, el magistrado Mario Díaz fundamenta su voto a favor en las secuelas legales a las que se enfrentaron cientos de hondureños en el marco del golpe de Estado de 2009, “cuando los entes encargados de velar por los derechos de las personas fracasaron en su intento”, aclara.
La ONU, mediante un grupo de expertos que estuvo en Honduras, remitió a la administración de Xiomara Castro y al Congreso Nacional su inquietud por el decreto 4-2022.
En septiembre pasado, el canciller Eduardo Enrique Reina reconoció a este rotativo que “no es un requisito (eliminar la amnistía), pero sí un tema que ha pedido la ONU, que conversemos y hagamos una revisión. Hemos sido claros en el espíritu de la amnistía. El tema de la amnistía se puede conversar y no hay ningún problema”, expresó en su momento.
