Tegucigalpa, Honduras
Al menos 16 instituciones del Estado hondureño estarán protegidas de posibles ataques del cibercrimen a partir de 2018.
En América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco países no tienen una estrategia de ciberseguridad o planes de protección a infraestructura crítica, y entre ellos está Honduras.
Así lo indica el “Informe de ciberseguridad 2016”, publicado por el Observatorio de Ciberseguridad en América Latina y El Caribe, patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A nivel de la región centroamericana, los únicos países que han avanzado en protegerse de los ataques de los cibercriminales son Costa Rica y Guatemala, mientras que El Salvador, Nicaragua y Honduras en la actualidad están completamente expuestos.
EL HERALDO reveló en exclusiva que mediante el convenio entre los gobiernos de Honduras e Israel, el país tendrá por primera vez un Centro de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT).
Fuentes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmaron a EL HERALDO que expertos israelitas ya están trabajando en la creación de esta unidad y tienen previsto a que esté lista en un año, es decir, a finales de 2018.
Aunque el decreto 139-2016 indica que el equipo es parte del fortalecimiento de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), EL HERALDO conoció que son 16 instituciones las que serán parte de proyecto.
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Entre ellas están las que forman parte de la ciberdefensa, como la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena), las Fuerzas Armadas (FF AA), la Secretaría de Seguridad, Conatel, Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) en general, incluyendo la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
De igual forma abarcará la infraestructura crítica, que son todas aquellas instituciones que al ser atacadas por un hacker de forma maliciosa impida que el gobierno pueda desarrollar su trabajo con normalidad.
Esta son: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que un criminal del ciberespacio puede provocar que el sistema interconectado nacional no funcione y dejar a oscuras el país.
Asimos, la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), entre otras que al ser alteradas podrían paralizar el funcionamiento del Estado.
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Informe
En marzo pasado, un equipo de expertos israelitas llegó al país para hacer las evaluaciones y determinar cuáles eran las necesidades.
Así recogieron información de 10 instituciones hondureñas para comenzar a desarrollar el proyecto.
Para el Estado de Honduras, el funcionamiento del CERT es de carácter confidencial y de momento solo se conoce que funcionará en las instalaciones de Conatel, con técnicos en informática que serán capacitados por expertos israelitas.
Lo fundamental dentro del proyecto es la elaboración de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad para la protección de instituciones gubernamentales.
De acuerdo con el Observatorio de Ciberseguridad en América Latina, la estrategia de seguridad cibernética comprende la investigación, fiscalización y la adjudicación de delitos por medio de datos y sistemas informáticos.
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Además, permite la obtención de evidencia electrónica relacionada con cualquier hecho criminal, para propósitos de un proceso penal.
La naturaleza transnacional del crimen cibernético -y en particular la volatilidad de la evidencia electrónica- implica que la justicia penal no puede ser efectiva sin una cooperación internacional eficiente.
Lo anterior se debe a que los ciberdelincuentes pueden operar desde cualquier parte del mundo, ya sea desde un espacio público o privado, y sus ganancias provienen de transacciones electrónicas.
La estrategia tiene que incluir una legislación integral que defina la conducta a ser considerada como delito para que las agencias de investigación puedan perseguir el delito.
Las leyes deben cumplir al menos tres requisitos como que debe ser lo suficientemente neutral tecnológicamente para no volverse obsoleta con el tiempo; deben estar sujetos a salvaguardias con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos del Estado de derecho y de los derechos humanos.
De igual forma tiene que operar con suficiente armonía o por lo menos ser compatible con las leyes de otros países para permitir la cooperación internacional.
En este plan es fundamental que Honduras se adhiera al Convenio de Budapest sobre el Delito Cibernético, que es el primer tratado internacional que busca hacerle frente a los delitos informáticos, al que ya pertenece Costa Rica.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, ya comenzó a trabajar en la estrategia, que deberá ser discutida y aprobada en el próximo Congreso Nacional, que fungirá entre en 2018 y el 2022.
Cecilia Pastorino, especialista en seguridad informática de la compañía ESET Latinoamérica, explicó a EL HERALDO que hoy en día la mayor parte de los cibercriminales tienen una motivación clara, que es el dinero.
La mayoría de los ataques lo que buscan es un rédito económico. Por ejemplo, el ransomware se volvió un negocio rentable y redituable porque las empresas terminan pagando un rescate para recuperar sus datos.
Es importante entender, dijo Pastorino, que todo incidente de seguridad va a costar dinero y pérdidas, ya que la información es hoy un activo de muchísimo valor para una empresa, por lo que protegerlo se vuelve indispensable.
De la única manera que la información estará protegida es invirtiendo en herramientas de seguridad pero, sobre todo, de la forma correcta.
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