TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, restituyó este martes la Carta de Naturalización al padre Andrés Tamayo, quien fue expulsado del país durante el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya Rosales en 2009.
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización explicó que la decisión de regresarle la ciudadanía al padre de origen salvadoreño se “enmarca en el compromiso de la Presidenta Xiomara Castro en relación con la reparación a las víctimas del Golpe de Estado, el respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho”.
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Tamayo, un líder protector de los bosques en Salamá, Olancho, fue naturalizado hondureño el 21 de marzo de 2006, sin embargo, en 2009 se unió a las marchas de la resistencia para exigir el retornó de “Mel” Zelaya al país luego de que fue sacado de su casa y llevado a Costa Rica durante el golpe.
Días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) le informó que su carta de naturalización había sido anulada, acción que el párroco calificó como un “castigo por apoyar a Zelaya”.
En consecuencia, el 19 de diciembre tuvo que abandonar el territorio hondureño, donde vivió por 24 años, bajo la figura de expulsión hacía el Salvador, país donde nació.
El 27 de enero, tras tomar el poder en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Xiomara Castro, entre sus promesas, dijo que le restituiría la nacionalidad a Tamayo, hecho que se cumplió este martes.
RESOLUCIÓN
El 28 de junio de 2009 se ejecutó el Golpe de Estado en Honduras, acto que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un hecho ilícito internacional, producto del cual se iniciaron procesos disciplinarios a personas por acciones en defensa del Estado de Derecho y la democracia, acciones también enmarcadas dentro de lo previsto en la Constitución de la República y la Carta Democrática Interamericana en la medida que constituían un ejercicio de participación ciudadana para defender elementos de la democracia representativa.
En este contexto, autoridades políticas, líderes sociales y funcionarios públicos que manifestaron su repudio al Golpe de Estado vivieron situaciones que pusieron en riesgo sus vidas e integridad personal, siendo amenazados, perseguidos, golpeados, hostigados y/o investigados por los tribunales de justicia. Así se enmarcó el caso de persecución contra el Sacerdote José Andrés Tamayo, un conocido líder social de origen salvadoreño, que ejerció su derecho a la protesta por la exigencia del retorno al orden democrático en Honduras. El Padre Tamayo fue naturalizado como ciudadano hondureño en el año 2006 por la Secretaría de Gobernación y Justicia al cumplir todos los requisitos establecidos en la ley.
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A raíz de su reconocida labor en defensa de la voluntad del pueblo hondureño y de los derechos humanos fue injustamente denunciado por el delito de sedición y arbitrariamente declarado como “indigno” de ostentar la nacionalidad hondureña por las autoridades de ese entonces. El proceso impulsado en su contra vulneró su derecho a la dignidad humana, sus derechos civiles y políticos, como su derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la protesta y al derecho de defender derechos; así como las garantías del debido proceso. Esto finalmente provocó su expulsión del país.
Luego de hacer una valoración sobre las actuaciones realizadas en perjuicio del señor JOSÉ ANDRES TAMAYO, esta Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Resolución No. 321-2022, determina la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la resolución 1457-2009. dejando sin valor y efecto la cancelación ilegal de su Carta de Naturalización, devolviéndo así su condición de ciudadano hondureño.
Esta decisión se enmarca en el compromiso de la Presidenta Xiomara Castro en relación con la reparación a las víctimas del Golpe de Estado, el respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho.
Doce años después del Golpe de Estado, pretendemos con esta decisión revertir el detrimento institucional provocado por el gobierno de facto y profundizado posteriormente por los siguientes gobiernos. Estamos convencidos que el camino a la reconciliación debe basarse en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como el reconocimiento de aquellos que, como el Padre Tamayo, valientemente lucharon en defensa de la dignidad popular.
