Unos minutos después, Elmer estaba esposado y detenido pendiente de deportación a su Honduras natal, dejándola sola con sus dos hijos pequeños.
“Creemos que fue una trampa, un truco para que fuéramos allí”, dijo Alyse.
El matrimonio se ha sumado a otras cinco parejas en una demanda colectiva que acusa a agentes federales en Baltimore de atraer a familias a interrogatorios sobre su matrimonio solo para detener al cónyuge inmigrante para deportarlo.
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Las leyes federales permiten a ciudadanos estadounidenses como Alyse intentar legalizar la situación de cónyuges como Elmer, que vivía en el país sin permiso de residencia. Miles de familias lo hacen: los registros muestran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) aprobó 23.253 exenciones provisionales por presencia ilegal, el último documento que necesitan cónyuges, hijos o padres de ciudadanos antes de salir del país y solicitar reunirse de forma legal con sus familias.
Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló que un creciente número de funcionarios ha “retorcido cruelmente” las normas al detener a cónyuges inmigrantes tras interrogatorios sobre su matrimonio. La ACLU ha presentado una demanda similar en Massachusetts y dice que se han producido docenas de detenciones en oficinas de Nueva York, Virginia, Florida, Illinois y California.
El caso en Maryland está asignado al juez de distrito George J. Hazel, que ya revocó la deportación de un hombre chino detenido tras un interrogatorio exitoso sobre su matrimonio en Baltimore. En un veredicto justo antes de que Wanrong Lin aterrizara en Shanghái el pasado noviembre, Hazel dijo que el gobierno no puede utilizar esos trámites “como cebo para atrapar a inmigrantes indocumentados que intentan hacer uso de sus protecciones”.
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Alyse dijo a The Associated Press que la vida de su familia “parecía perfecta”.
Ella y Elmer, que ahora tienen 31 y 41 años, empezaron a salir en 2013 después de que ella pusiera su auto a la venta y él se acercara a verlo. Lo compró, y se casaron ese año. Tienen dos hijos de cuatro y dos años y viven en Kensington, Maryland, un suburbio de Washington donde él posee una empresa de reformas de viviendas. Ella trabaja en una clínica veterinaria en la cercana localidad de Sandy Spring.
“Todo el mundo tiene sus altibajos en sus relaciones, pero la nuestra ha sido bastante fácil”, dijo. “Él ha estado ahí en todos los momentos importantes de mi vida. Él ha sido el momento más importante de mi vida”.
Los registros judiciales muestran que la deportación de Elmer se había ordenado en ausencia en septiembre de 2005, tras faltar a una vista migratoria que nunca se le notificó. Tras consultar con abogados, Alyse presentó los trámites para conseguir una “green card” a su marido en septiembre de 2018. La citación que recibieron el 7 de mayo indicó que el interrogatorio requerido era “solo para confirmar la buena fe del matrimonio de la pareja”, según la demanda.
Normas aprobadas durante el gobierno de Barack Obama permiten el proceso incluso para personas con órdenes de deportación. El trámite suele llevar meses y requiere que la pareja demuestre la legitimidad de su matrimonio como primer paso. Si pasan el interrogatorio y consiguen otras autorizaciones, el cónyuge extranjero debe viajar al extranjero para pasar un interrogatorio de visa en un consulado estadounidense. Solo puede regresar de forma legal a Estados Unidos si recibe la visa.
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No está claro cuánta gente se ha convertido en residente permanente de Estados Unidos con este proceso. El trámite pretende “evitar las duras consecuencias de obligar a un cónyuge o padre a marcharse” del país durante años mientras intenta plantear un caso de inmigración legal desde su país de origen, indicó la ACLU.
Ahora, según los demandantes, el Departamento de Seguridad Nacional está utilizando el proceso de forma ilegítima como cebo. El fenómeno comenzó en 2017 y parece reproducirse de forma aleatoria en todo el país, señaló el abogado de la ACLU en Maryland Nick Steiner.
Las agencias de Seguridad Nacional, a través del portavoz de Ciudadanía e Inmigración Shawn Neudauer y la vocera del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Jane Cowley, indicaron que no hacen comentarios sobre casos legales abiertos. Pero emails y documentos oficiales publicados en el caso de Massachusetts sugieren que los agentes federales se estaban coordinando para detener a cónyuges inmigrantes en sus interrogatorios sobre matrimonio.
“En mi opinión, tiene sentido que detengamos a extranjeros con órdenes finales de expulsión, ya que son el final de la cadena en el proceso de expulsión”, escribió Andrew Graham, agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) con sede en Boston. “Suelen ser los más fáciles de expulsar, tienen la estancia media más corta y al final nos dedicamos a las expulsiones, y nuestro trabajo es localizarlos y detenerlos”.
En su respuesta a la demanda en Maryland, el gobierno alegó que el caso debía desestimarse porque la corte no tiene jurisdicción y “no es probable que las alegaciones (de los demandantes) tengan éxito”. También argumentó que Elmer había recibido una notificación sobre su vista de deportación.
Tras la detención de Elmer llegaron seis semanas caóticas en las que le pasaron de un centro de detención a otro, mientras Alyse buscaba asesoría legal e intentaba consolar a su hijo de cuatro años, que preguntaba sin parar por su padre.
Su intento de reabrir el caso de Elmer fue rechazado el 3 de junio, y él empezó a perder la esperanza en un centro de detención de Louisiana.
“El trato es tan malo que saben que no puedes aguantar mucho tiempo allí”, dijo. “La comida es muy mala, la luz, el aire gélido. Es como una guerra psicológica en la que te ponen para que firmes tu deportación”.
Elmer fue liberado el 19 de junio después de que la ACLU pidiera una orden de emergencia para impedir su deportación inminente.
