Pocos días les quedan a los 690,000 jóvenes, entre ellos 18,526 hondureños, bajo el programa de Acción Diferida de Llegados en la Infancia (DACA), para quedar en el limbo si el Congreso y Senado de Estados Unidos no buscan una solución para su estatus migratorio.
Después de cancelar el programa a finales del 2017 y dar un plazo de seis meses (hasta el 5 de marzo) para que el Congreso solucione el estatus de los “dreamers”, el presidente estadounidense, Donald Trump, trata de presionar para que exista una solución, que para muchos es considerada injusta.
Gracias a las cortes federales, el efecto de su fecha limita da menos miedo que inicialmente, al menos por ahora.
El jueves, el Senado rechazó medidas parecidas que pedían protecciones para los dreamers, señal de la dificultad que tendrán los legisladores para aprobar una iniciativa de ley en este año electoral, más aún para el 5 de marzo.
Intervienen los tribunales
En las últimas semanas, jueces federales en San Francisco y Nueva York han dejado la fecha límite de Trump temporalmente en un punto muerto.
Ordenaron que el gobierno de Trump mantenga DACA vigente, mientras las cortes sopesan las apelaciones de la cancelación del programa.
El gobierno está apelando estos fallos. Sin embargo, no ha tratado de bloquear las órdenes que los obligan a seguir operando el programa.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que sigue aceptando solicitudes para renovar permisos de DACA que hayan expirado tras sus dos años de vigencia. Eso implica renovaciones para solicitantes con permisos que expiran después del 5 de marzo.
Pero altos funcionarios del gobierno han enviado mensajes confusos sobre lo que ocurrirá después del 5 de marzo.
Por su parte, Trump mencionó que tiene el derecho de extender la fecha límite y podría estar dispuesto a hacerlo. Pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, describió esa posibilidad como inconstitucional.
'Ellos no son una prioridad para la deportación', dijo el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, al mencionar que los dreamers no serán deportados, pues no son la prioridad del gobierno de Estados Unidos.
No obstante, el temor obliga a los jóvenes a buscar programas alternos para no ser retornados a sus países.
En el caso de los hondureños sostienen reuniones con autoridades consulares y migratorias para recibir apoyo legal y poder aclarar sus opciones.
El gobierno de Estados Unidos propuso legalizar el estatus migratorio de 1.8 millones de “soñadores”, sin embargo los requisitos propuestos en los anteproyectos de ley no permiten que Republicanos y Demócratas lleguen a un consenso.
Algunos de estos requisitos son: 25,000 millones de dólares para construir el muro que ha propuesto en la frontera méxico-estadounidense, reducir la cantidad de familiares que los dreamers podrían patrocinar para convertirse en ciudadanos y poner fin a una lotería de visas para personas de países con pocos inmigrantes estadounidenses.
El Senado rechazó el plan tajantemente el jueves anterior.
Mientras tanto, hasta que la Corte Suprema falle definitivamente sobre el caso, el Congreso sufre la presión de tomar medidas rápidamente. Y los dreamers pueden seguir renovando sus permisos temporales.
Pero si bien los fallos de los tribunales menores permiten que los beneficiarios puedan renovar sus solicitudes de DACA, la aprobación de esas solicitudes toma tiempo. Durante ese período, los solicitantes no pueden trabajar y podrían ser detenidos y deportados.
Miles de soñadores ya han perdido sus beneficios y permisos de trabajo desde el 5 de septiembre, cuando Trump anunció su decisión de cancelar el programa. A mediados de 2017 se registraban 800,000 beneficiados, ahora solo reportan 690,000.
El Instituto de Políticas Migratorias calcula que un promedio de 915 inmigrantes perderían sus beneficios a diario a partir del 5 de marzo de 2018.
