El viaje que comenzó en Los Ángeles bajo la consigna ' TPS Jornada por la Justicia' culminó con una protesta delante de la sede del gobierno estadounidense, para pedirle a Trump que prolongue ese estatuto de protección y la residencia permanente a unas 400,000 personas, que con el fin del programa podrían ser deportadas.
La caravana partió el 17 de agosto y recorrió más de 50 ciudades desde la costa del Pacífico hasta la capital estadounidense, en protesta porque la administración de Trump puso fecha de caducidad al programa que hace más de dos décadas protege de la deportación a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o guerras.
'Esto (el TPS) es todo para mí, yo tendría que empezar todo de nuevo. Vine acá muy pequeño. Nunca he vuelto a mi país. Para mí perder el TPS significaría volver a un país que no conozco', contó a la AFP William Martínez, un salvadoreño de 26 años que vive en Maryland.
Frente a la Casa Blanca, los manifestantes corearon canciones que inventaron en el camino. ' El que no brinca es migra' (La Agencia de Migración), dio paso al más festivo 'el que no baila es migra'.
Royce Bernstein Murray, de la ONG American Immigration Council, explicó los beneficios del programa a la AFP: 'El TPS le otorga a personas de algunos países un permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos mientras sus países se recuperan de un conflicto o un desastre ambiental. El gobierno estadounidense revisa las condiciones de los países cada 12 o 18 meses para decidir qué permisos deben ser extendidos'.
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Protegidos por un juez
Pero el gobierno de Trump puso fecha de caducidad al programa TPS con Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal y otros ocho países.
Sin embargo, la decisión del mandatario está bloqueada actualmente para los beneficiarios del programa originarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, ya que un juez falló a su favor.
Esta decisión extiende la duración de su estatuto hasta abril de 2019 para Sudán y Nicaragua, a septiembre del próximo año para El Salvador, y a julio de 2019 para Haití. El gobierno apeló.
'Esto significa que mi familia va a ser separada y más de 30 familias norteamericanas van a ser afectadas, porque son gente que trabaja para mí y ellos van a perder sus empleos', contó a la AFP José Urias, un empresario salvadoreño que emplea a cerca de 30 personas y que viajó unos 700 kilómetros desde Boston.
La protección judicial no incluye a Honduras cuyo programa caduca el 5 de enero de 2020.
Francis García una hondureña de 42 años que vive en Las Vegas pidió en permiso sin sueldo en su trabajo como camarera para participar en el 'road trip' (viaje).
'Mi hija mayor tiene un (trabajo) 'partime'; prácticamente es ella la que está manteniendo la casa', contó García, que el 15 de septiembre subió a un autobús que constituyó el símbolo de la protesta.
El vehículo fue adquirido por los migrantes con el dinero de una colecta, por 20,000 dólares. A bordo de ese autobús recorrieron miles de kilómetros, pero no alcanzó a llegar a Washington ya que quedó varado en Alabama (sur).
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'Nuestros países no están listos'
Pese a que la mayoría de los organizadores son centroamericanos, los participantes destacaron que el TPS afecta a personas de muchos países, y que hay un debate más profundo sobre el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, en un día en que Trump firmó un decreto que suspende la concesión de asilo a quienes cruzan sin documentos la frontera con México.
'Somos una bella alianza que celebra a los muchos países y lenguas que se han beneficiado del TPS. No vamos a permitir que nuestras vidas sean usadas como moneda de cambio para sacar provecho político. Y tampoco vamos a sacrificar a otras familias migrantes en nuestro beneficio', dijo Luis Andrade, uno de los miembros de National TPS Alliance, una de las organizaciones que organizó la marcha.
La salida el 13 de octubre desde Honduras de una caravana de migrantes con rumbo hacia Estados Unidos, una marcha que durante la campaña para las elecciones de mitad de mandato Trump calificó de 'invasión', es para los beneficiarios del TPS una muestra de que su estatuto de protección debería continuar.
'Es la prueba que nuestros países no están listos para recibirnos', afirmó Martínez.
