FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Junio llega acompañado de incertidumbre para los inmigrantes en Florida, Estados Unidos, pues dentro de un mes entra en vigor la ley que entre otras cosas, exige a los empleadores, hospitales, dueños de propiedades y hasta transportistas verificar el estatus migratorio de las personas antes de darles empleo, atención médica o prestarles otros servicios.
Es por eso que a partir de este jueves 1 de junio, varias organizaciones han convocado a una huelga laboral en rechazo a esta medida, utilizando como lema “Un día sin inmigrantes”, en el que pretenden demostrar que aunque llegaron en situación irregular al país norteamericano, su aporte para la economía es muy grande.
A las protestas se ha sumado la comunidad hondureña en Estados Unidos, quien se dio cita a las 10:00 de la mañana en Tampa, Florida, y recorrió las calles con consignas y banderas de Honduras y de Estados Unidos.
“Solo tenemos 30 días para apagar esta ley, tenemos que seguir alzando la voz hasta que esta ley se suspenda”, dijo el líder de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores.
“Esta ley criminaliza y deshumaniza a los inmigrantes. Es triste para nuestras familias, algunas se están yendo de la Florida, aunque han dado su vida para engrandecerla”, agregó.
Las acciones se extenderán durante varios días y buscan paralizar los comercios, campos de producción, fábricas y todos los rubros en donde hay inmigrantes laborando, para que con su ausencia, las autoridades retrocedan y se den cuenta que todos juegan un papel determinante para la economía.
¿En qué consiste la ley SB1718?
La ley que lleva por nombre “SB 1718” fue impulsada y firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aspira a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano.
Entre las medidas que contempla está la reubicación de inmigrantes, la invalidación en Florida de documentos extendidos a migrantes en otros estados, la exigencia de que hospitales y empresas pidan a sus empleados demostrar su estatus migratorio y la aplicación de penas de hasta 15 años de prisión para quienes oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos.
Esta situación ha causado que cientos de familias se marchen en caravanas de Florida, pues temen ser detenidas cuando la ley se intensifique.
Además, algunas personas han sido despedidas o sacadas de sus viviendas, por el temor de los empleadores o de los arrendadores de recibir sanciones.
Por otro lado, varias organizaciones han recomendado a quienes residen fuera de Florida evitar visitarla, en apoyo a los inmigrantes y para evitar ser víctimas de problemas legales ante la invalidación en este territorio de documentos como la licencia de conducir o identificaciones extendidos en otro lugar.
