Así lo anunció el miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un día después de reunirse en Miami con su homóloga estadounidense Kirstjen Nielsen y tras subrayar que la situación es especialmente complicada porque en Honduras se está formando lo que llaman “la caravana madre”, que podría estar conformada por más de 20,000 personas.
“Vamos a ubicar nosotros las instalaciones migratorias, de Policía Federal, de Protección Civil y, armónicamente y con colaboración entre todas las instancias del gobierno federal, de tal suerte que tengamos la contención en el istmo de Tehuantepec”, indicó. “Ese va a ser el gran cambio”.
Aunque no detalló sobre cuántos efectivos se destinarán a este plan ni ofreció más detalles del mismo, Sánchez Cordero subrayó que no supondrá la militarización de la frontera con Guatemala ni su blindaje porque no se pretende afectar la actividad económica de esa zona, donde fluye gente constantemente para ambos lados de la frontera.
El flujo de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos se ha multiplicado desde el año pasado con la formación de caravanas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador (el conocido Triángulo Norte) que han puesto en jaque tanto a autoridades mexicanas como estadounidenses al saturar los albergues y los sistemas para solicitar asilo o refugio, sobre todo en la frontera norte de México.
Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron a 66,450 en febrero, 149% más que en el mismo periodo del año pasado, ante el incremento en la llegada de familias centroamericanas en busca de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). Esa agencia estima cerca de 100.000 detenciones para marzo. Más de 55,000 de esos inmigrantes habrían llegado en familia, entre ellos 40,000 menores.
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Desde su llegada al poder en diciembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por el desarrollo de los países de origen y por facilitar las visas de trabajo de centroamericanos, pero poco después optó por dejar de entregar visas humanitarias _fueron otorgadas más de 15,000_ con las que la mayoría de los integrantes de las caravanas cruzaron el país.
Ahora apuesta por permisos de visitante más controlados que, además, solo permiten al migrante radicar y trabajar en el sur de México.
Según Sánchez Cordero, Estados Unidos no aportará dinero al nuevo plan de contención en el istmo pero sí tecnología e inteligencia para detectar quién está detrás de las caravanas y a quienes estén involucrados con el crimen organizado o tengan antecedentes penales.
“Vamos a establecer orden para quien ingresa en nuestro país”, afirmó.
Mientras Sánchez Cordero daba tales declaraciones en México, una caravana de aproximadamente 2,500 migrantes atravesaba el sur del país y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encontraba en Tegucigalpa, donde mantuvo una reunión de seis horas con los responsables de seguridad interna de Honduras, Guatemala y El Salvador.
En un encuentro con la prensa tras esa cita, Nielsen se mostró satisfecha con los acuerdos alcanzados ante lo que calificó como “una crisis migratoria sin precedentes”.
La funcionaria estadounidense no dio detalles sobre los acuerdos, pero lanzó un mensaje claro: “Estamos unidos, estamos comprometidos, estamos operando de forma conjunta y nuestro mensaje a los criminales es este: serán capturados y procesados”.
