TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siete de los ocho implicados en el asesinato contra la ambientalista hondureña, Bertha Cáceres, fueron declarados culpables este jueves en la audiencia desarrollada en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.
El fallo se conocio la tarde de este jueves tras haberse celebrado la audiencia en el Poder Judicial, luego de haber iniciado el juicio el pasado 20 de octubre.
Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez, Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Óscar Aroldo Torres Velásquez fueron encontrados culpables como coautores del delito de asesinato en perjuicio de Bertha.
Asimismo, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Henry Javier Hernández Rodríguez y Edilson Atilio Duarte Meza fueron declarados culpables por el delito de asesinato en su grado de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.
Mientras que, Emerson Eusebio Duarte Meza fue absuelto de todos los cargos pues no se encontró participación en los hechos probados en el juicio oral y público.
La audiencia de individualización de pena fue programada para el 10 de enero de 2019.
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'Pese a que van a podrise en la cárcel, a mi hija no la voy a tener viva',declaró la madre de Bertha Cáceres al salir de la audiencia.
'No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia. La lucha sigue hasta que caigan los autores intelectuales y que cierren el proyecto', agregó.
El Ministerio Público formalizó la acusación por el delito de asesinato y tentativa para siete de los encausados y había solicitado sentencia condenatoria por encubrimiento para Emerson Duarte Meza.
Por su parte, la Fiscalía había solicitado una condena de 30 años por el delito de asesinato y 20 por tentativa de asesinato, así como de tres a cinco por encubrimiento.
Vea: Exgerente de la empresa DESA dice que nunca amenazó a Bertha Cáceres
Bertha, la ambientalista
La activista indígena a la que llamaban 'guardiana de los ríos' y que fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció incansablemente las amenazas que suponían las represas hidroeléctricas y mineras para los recursos naturales y los hábitats de las comunidades autóctonas.
Su asesinato conmocionó a la comunidad internacional. Con 43 años, Cáceres fue baleada la medianoche del 2 de marzo de 2016 por sicarios que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, en el oeste del país, e hirieron a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Pero, el proceso ha estado rodeado de críticas. Rodil Vásquez, abogado de la familia y del Copinh, cuestionó el juicio a cargo de un tribunal que fue recusado ante sospechas de que pretendía exonerar de culpa a prominentes banqueros y empresarios socios, así como a ejecutivos y empleados de la firma Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
'Este jueves va a haber un fallo condenatorio contra cinco, incluso puede ser contra los ocho, porque el Estado lo que quiere con este juicio es aparentar, ante la sociedad hondureña y la comunidad internacional, que hubo justicia', advirtió el abogado en declaraciones a la AFP, horas antes de conocer el fallo.
Vásquez manifestó su temor de que el tribunal absolviera al gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, al exjefe de seguridad de esa empresa, Douglas Geovani Bustillo, y a un mayor del Ejército acusado de colaborar en el crimen, Mariano Díaz.
Explicó que los abogados del Copinh y la familia de Cáceres aportaron pruebas de que DESA, la fiscalía, las Fuerzas Armadas y la policía estuvieron coludidos para 'desatar una persecución contra Bertha, incluso la fiscalía la llevó a los tribunales', para hacerla desistir de su lucha contra la construcción de una hidroeléctrica en territorios ancestrales indígenas.
- Persecución -
En mayo de 2013, Cáceres fue detenida por cargos de portación ilegal de armas. Ella alegó que unos policías le colocaron una pistola en la parte trasera de un vehículo descapotado para incriminarla. Meses después el juez dictó el sobreseimiento del caso.
'Pueden encarcelarnos o hasta asesinarnos, pero la lucha no se va a detener. Las comunidades están listas y decididas y no van a permitir otro atropello a su territorio ancestral', aseveró en esa ocasión la ambientalista en una declaración al medio digital La Haine.
La familia y Copinh aseguran, según su abogado, que a Cáceres la mandaron a matar influyentes empresarios, banqueros socios de DESA y altos funcionarios del Estado, intocables para el sistema judicial hondureño. Pero las pruebas que aportaron los abogados fueron descartadas por el juzgado.
