Los dos narcotraficantes fueron arrestados el domingo 5 de octubre de 2014. En el operativo se les incautó una millonaria cantidad de dólares, que a la tasa de cambio de aquel momento (21.42 lempiras por dólar) representaba una suma de 241,938,257 lempiras.
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De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, el 17 de noviembre de ese mismo año, cuando todavía los Valle esperaban su extradición en una celda del Escuadrón Cobras, el CNDS mediante resolución 120-2014 empezó a distribuir el botín entre siete instituciones públicas, a las que les autorizó gastar los recursos utilizando la contratación directa.
Para evitar que la población tuviera conocimiento del reparto del dinero, el CNDS clasificó su decisión como secreta, alegando que si la población se enteraba de ello se pondría en peligro la defensa y seguridad nacional.
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La custodia de los narcodólares estaba bajo la responsabilidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), hasta que un juzgado competente determinara su comiso o devolución. Sin embargo, el CNDS no esperó ninguna determinación judicial y el 17 de noviembre de 2014, o sea a los 43 días de haber sido incautados, inició la repartición.
Distribución
Del uso de los 11,294,970 dólares solo hay un rastro claro de 309,001.18 dólares que por orden del CNDS la OABI le transfirió al Instituto Nacional de Migración.En la resolución 120-2014 el CNDS también mandó a que se le traspasara 704,359.86 dólares, equivalente a 15,120,000 lempiras, a las Fuerzas Armadas para utilizarse en el Programa Guardianes de la Patria. Asimismo, ordenó la entrega de 5,000,000 de dólares al Instituto Nacional Penitenciario (INP). Al Ministerio Público le asignó una partida de 1,129,497 dólares.
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El CNDS también ordenó a la OABI distribuir en favor del Proyecto Navidad Catracha, manejado por Casa Presidencial, la cantidad de 629,970.41 dólares, o sea 14,875,510 lempiras.
De igual forma, un monto de 473,613.60 dólares fueron trasladados a favor del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales del Poder Judicial y el proyecto Caprodem.
En total, mediante la resolución 120-2014 se repartieron 8,246,442.05 dólares.
Tras la distribución, dice el documento, en la OABI quedaron dos remanentes, uno de 1,248,406.23 dólares a favor del sector prevención y otro de 670,642.72 dólares a favor del sector seguridad y justicia.
El 16 de diciembre del 2014, el CNDS mediante resolución 128-2014, determinó que los 670,642.72 dólares del sector seguridad y justicia fueran trasladados al Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, para que desarrollara los proyectos o programas que considerara viables y necesarios.
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En total el CNDS repartió 8,917,084.77 dólares del botín de los Valle. Del resto del dinero incautado, equivalente a 2,377,885 dólares para completar los 11,294,970 dólares, no hay rastro.
El artículo 196 de las disposiciones del presupuesto general de la República del año 2014 establecía que la OABI debía informar de la distribución de los bienes incautados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
No obstante, Ricardo Rodríguez, magistrado titular del TSC, dijo que desconoce cómo se distribuyen los bienes incautados ya que eso lo hace la OABI con base en una ley y reglamento.
“Ella es la que tiene esos bienes bajo su administración y deben responder. La venta o distribución es hasta que haya habido un juicio final”, precisó el magistrado.
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Rodríguez sostuvo que se ha dado cuenta de un poco de abusos al dar en arrendamiento, vender, rematar o distribuir algunas cosas imperecederas sin que haya terminado un juicio.
Aunque abogó por un manejo transparente de los bienes incautados, recordó que cuando la distribución se clasifica como secreta el TSC no puede auditarla pues la “misma ley nos lo prohíbe”. “Ahí no podemos, hay muchas cosas a las que no les podemos entrar”, lamentó.}
Silencio y opacidad
Como en la misma resolución 120-2014 también quedó establecido que las instituciones beneficiadas debían practicar las liquidaciones ante la OABI, EL HERALDO intentó conocer la versión de Francisco René Flores, actual director de esta oficina, pero no respondió al llamado telefónico ni la solicitud a través de Relaciones Públicas.Ante el silencio del director, basados en la Ley de Transparencia se le solicitó a la OABI información sobre la entrega y manejo del dinero incautado a los Valle, pero solo respondió a una de varias consultas de manera incompleta.
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La institución informó que recibió parte del dinero, pero no especificó el monto. En la parte resolutiva del texto tampoco se menciona directamente una parte para la OABI.
Fuerzas Armadas, Ministerio Público y el INP respondieron que no podían brindar información; mientras que Casa Presidencial no respondió.
Tanto el Poder Judicial y el INP se ampararon en la ley de secretos para no dar detalles de cómo gastaron los desembolsos. De la misma forma, el escudo que representa esa normativa frente a la transparencia tampoco permite conocer cómo el CNDS ordenó a la OABI repartir los 2,377,885 dólares que quedaron de remanente.
VER AQUÍ: RESOLUCIÓN CNDS 120/2014: ASÍ SE REPARTIÓ EL BOTÍN DE LOS VALLE
Argumentos
El artículo 78 de Ley de Privación de Dominio del año 2010 establecía que la OABI solo podrá distribuir los bienes incautados una vez que haya una sentencia firme de órgano jurisdiccional; igualmente el artículo 201 del decreto legislativo 223-2012, concerniente al Resumen del Presupuesto del Sector Público, establecía que los valores o bienes incautados y que administra la OABI serán distribuidos de conformidad con los porcentajes establecidos por la ley, “únicamente cuando se cuente con el fallo en firme para la incautación definitiva de los mismos”.VEA: El peligroso recorrido de EL HERALDO en El Paraíso, Copán, tierra de 'narcos' en Honduras
Este decreto sobre el presupuesto fue reformado el 14 de octubre de 2013, mediante decreto legislativo 234-2013, el cual establece que la distribución de valores o bienes incautados y que administra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) serán distribuidos hasta un máximo del sesenta por ciento (60%) de los mismos, de conformidad con los porcentajes establecidos por la ley, haya o no sentencia definitiva firme, previa valoración del bien.
Para repartir el botín, el CNDS argumentó en la resolución 120-2014 que “al momento de esta reforma no estaba en vigencia el Art. 78A de la Ley sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, por lo que al estar ahora en vigencia se podrá aplicar ya sea el artículo 78 o 78A de la ya referida ley, “haya o no sentencia definitiva firme, previa a valoración del bien”.
