¿Qué información clasificada busca la defensa para beneficiar a JOH en su juicio?
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Una encrucijada que parece no cambiar mantiene a la defensa del expresidente de la República (2014-2018 y 2018-2022) , Juan Orlando Hernández en conflicto con la Fiscalía de EUA, que no parece cambiar de opinión en el acceso a un legajo de pruebas clasificadas que podrían ser beneficiosas para el exmandatario a pocos días del inicio de su juicio por cargos por narcotráfico. Desde la defensa aseguran que en caso de ser admitidas sería relevantes para demostrar la onocencia de JOH ¿De qué se tratan? A continuación los detalles.
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La defensa del expresidente de la República (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández, a través de una carta, exhortó ayer al juez Kevin Castel para que presionara a la Fiscalía de EUA y tener acceso al legajo de pruebas clasificadas y que sean presentadas durante el juicio y que podrían demostrar la “inocencia” del exmandatario.
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La defensa de Hernández alega que dicha información ahora fue marcada en un nivel superior de “clasificación” y aseguran que la información no fue protegida por el gobierno (Fiscalía EUA) ni siquiera cuando JOH fue extraditado en 2022, sino ahora que están a pocos días de su juicio.
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A criterio de la defensa, operaciones de la Agencia Antidrogas (DEA por sus iniciales en inglés) contra el narcotráfico en Honduras y las reuniones entre altos funcionarios de agencias de Estados Unidos y el expresidente Hernández podrían ser claves para demostrar la inocencia de JOH. Por su parte, la Fiscalía las considera como “irrelevantes”.
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“El señor Hernández, quien no es ciudadano de los Estados Unidos, obtuvo su información de fuentes que nunca le habían mantenido en secreto la información que recibió como resultado de su cargo como presidente del Congreso de Honduras y luego como presidente de Honduras”, asegura la abogada de Hernández, Sabrina Shroff.
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Desde la defensa, acusan que la posición de los fiscales sobre “el documento” infringe indebidamente el derecho del exgobernante reelecto en 2017, para que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada en su nombre, sin justificación legítima. “El abogado defensor debería poder utilizar el documento sin las restricciones que el Gobierno pretende imponer a ese uso”, argumentan.
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