Fiscalía solicita bloquear la presentación de supuesto informe de la DLCN en juicio de JOH

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Durante el contrainterrogatorio del exdetective Miguel Reynoso, que continuará este lunes en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, la Fiscalía de Estados Unidos pretende bloquear la presentación de un supuesto informe de investigación de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), en el que incluye a personas acusadas de lavado de dinero, que fue anunciado por la defensa del exmandatario.

En una moción presentada el domingo al juez Kevin Castel, “el gobierno escribe respetuosamente para solicitar que la Corte impida que el acusado (Juan Orlando Hernández) presente en el juicio el informe adjunto de 36 páginas, que supuestamente describe una investigación del gobierno hondureño de personas acusadas de delitos de lavado de dinero en Honduras”.

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Indica que el 23 de febrero de 2024, el abogado defensor informó a los fiscales que por primera vez que podrían intentar ofrecer el informe durante el contrainterrogatorio del abogado defensor Renato Stabile al detective Reynoso. “Los abogados defensores confirmaron esta tarde, 25 de febrero de 2024, que tenían la intención de ofrecer el Informe. El detective Reynoso no puede autentificar adecuadamente el Informe, del cual no fue autor, y la defensa no ha identificado la relevancia de este documento ni ninguna base admisible para las múltiples capas de rumores contenidos en el informe. Por lo tanto, el Tribunal no debe admitir el Informe si el acusado pretende ofrecerlo durante el testimonio del detective Reynoso”, sostiene el documento.

El 23 de febrero de 2024, el detective Reynoso testificó que participó en una búsqueda de tres vehículos en junio de 2018 y confiscó evidencia de esos vehículos, incluidos cuadernos que encontró en un Volkswagen. El detective Reynoso testificó además que, el mismo día, funcionarios hondureños arrestaron a cinco personas, incluida una persona que usaba los nombres de Magdaleno Meza y Nery Orlando López.

La Fiscalía asegura que “el informe de fecha 18 de octubre de 2018, parece referirse a una supuesta investigación sobre las actividades de lavado de dinero de las personas arrestadas en junio de 2018, incluido Nery Orlando López”. Alrededor de agosto de 2019, los fiscales de Nueva York obtuvieron “una copia del informe de funcionarios hondureños, quienes se lo habían proporcionado a un funcionario de la DEA estacionado en Honduras, y el gobierno posteriormente proporcionó el informe al demandado en la primera producción de descubrimiento en este caso realizada en junio de 2022 o alrededor de esa fecha”.

La copia del informe recibido por la Fiscalía “no está firmada y no contiene cualquier indicio de que se trata de un informe finalizado. El gobierno no recibió ninguna certificación u otro registro de autenticidad del Informe por parte de funcionarios hondureños”.

El informe “está dirigido al fiscal jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de Honduras y parece haber sido escrito en nombre o por la directora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Soraya Cálix”.

Entre otras cosas, el informe indica que “la Unidad de Investigación Sensible (UEI) de la Policía Nacional de Honduras informó a la Fiscalía de Honduras en 2016 que había recibido información de una fuente sobre la existencia de una organización liderada por un tal Juan Antonio Samara Archaga, que un negocio propiedad de Archaga estaba siendo investigado como fachada para realizar actividades ilícitas, y que el SIU había informado a la Fiscalía de Honduras que se habían realizado allanamientos en ese negocio”.

Indica que “las identidades de ciertas personas y empresas imputadas en la investigación de lavado de dinero que supuestamente no presentaron declaraciones de impuestos ni pagos de impuestos. Los resultados de búsquedas en bases de datos de propiedades y otra información de identificación de personas y empresas implicadas en la investigación de lavado de dinero”.

Asimismo, revela sobre la “vigilancia y otras operaciones de cumplimiento de la ley llevadas a cabo por la SIU en 2016 en apoyo de la investigación de lavado de dinero. Operaciones de aplicación de la ley llevadas a cabo por funcionarios no identificados, incluidos allanamientos de ciertas propiedades, que involucran a objetivos de la investigación de lavado de dinero”.

Además, contiene un “análisis de la información financiera relativa a familiares o asociados de los objetivos de la investigación de lavado de dinero y las medidas de investigación adicionales que se tomarían en relación con el dinero”.

El informe también “hace referencia a la búsqueda del Volkswagen en junio de 2018, sobre la cual el detective Reynoso ha testificado durante este juicio, y señala que se encontraron ciertos cuadernos en ese vehículo y luego identifica ciertas páginas de esos cuadernos sobre el movimiento de efectivo notas que se refieren a la existencia de cajas fuertes, el pago de los empleados del Registro Nacional de las Personas, la compra de bienes e inversiones, las entregas, pérdidas y pagos de mercancías, y la compra de oro”.

Según los fiscales la investigación “describe ciertas observaciones y pasos de investigación tomados con base en la información descrita en esas entradas, incluido que investigadores no identificados obtuvieron registros de propiedad de un helicóptero al que se hace referencia en esos cuadernos, que el helicóptero estaba vinculado a “Tony” Hernández y otros funcionarios, y que los registros se obtuvieron en relación con el pago del helicóptero. Igualmente, hace referencia a un disco compacto que contiene una copia de los cuadernos incautados en junio de 2018 y concluye que; como lo prueban las notas de los cuadernos incautados, la organización a la que pertenece el señor Nery Orlando López Sanabria o Magdaleno Meza, de las operaciones de efectivo que realizaban; inversiones en la compra de acciones, la compra de oro y la adquisición de bienes a nombre de terceros.

El tribunal -sostiene el cuerpo de fiscales- no debería admitir el informe durante el contrainterrogatorio del detective Reynoso porque no ha sido autenticado, no es un registro público según la Regla 803(8) y, en cualquier caso, ¡contiene varios niveles de rumores adicionales e inadmisibles; y su admisión sería mucho más perjudicial que la prueba y correría el riesgo de confundir al jurado.

Argumenta los fiscales que “el detective Reynoso no puede autenticar el informe. Él no es el autor del Informe y, si se le preguntara, no podría afirmar, basándose en su conocimiento personal, cómo se generó.

El gobierno recibió este documento de un funcionario de la DEA destinado en Honduras, quien a su vez lo obtuvo de funcionarios hondureños.

El informe no fue proporcionado al gobierno con ninguna certificación de autenticidad u otros indicios de confiabilidad para su autenticación. Esto proporciona una base para impedir la admisión del informe, por sí solo”.

“En segundo lugar, el informe debería quedar excluido en virtud de la Regla 403. El extenso informe de 36 páginas contiene muchos hechos irrelevantes, hace acusaciones contra muchas personas que nunca serán mencionadas en el juicio y se refiere a otras investigaciones, bases de datos y pasos de investigación que probablemente confundir al jurado”, indica el documento.

“En la medida en que el demandado sostenga que el valor probatorio del informe reside en el hecho de que no lo menciona, ese argumento induciría a error al jurado. El informe se generó como parte de una investigación de lavado de dinero. No hay una sola mención a la cocaína ni a ningún otro estupefaciente (a pesar de que al menos algunos de los individuos identificados en el informe son traficantes de cocaína a gran escala), no hay referencias a las anotaciones en los cuadernos que mencionan específicamente JOH, y el alcance y propósito no están del todo claros. Como tal, sería confuso para el jurado permitir este documento sin ningún contexto para su generación”, afirma la Fiscalía.

“De hecho, hay varias explicaciones de por qué las menciones del acusado en los cuadernos no están incluidas en el informe: puede haber un informe separado sobre el tráfico de drogas, investigaciones, la investigación sobre cualquier entrada relacionada con el acusado y Tony Hernández, ambas figuras públicas, podría haber sido realizada por otra entidad encargada de hacer cumplir la ley, o la investigación del acusado podría haber sido suprimida por razones políticas por quienes escribieron el informe. Este es particularmente el caso cuando, como en este caso, ha habido importantes testimonio sobre funcionarios públicos corruptos que favorecían al acusado y sus cómplices”.

Invitar al jurado a especular sobre la razón por la que sólo se incluyen ciertas entradas sería confuso y potencialmente perjudicial para el gobierno, indica el documento.

“En tercer lugar, el informe y su contenido deben descartarse por considerarlos rumores inadmisibles. Aunque el informe pretende provenir de un cargo público, todavía no es admisible según la Regla 803(8).

El Informe parece haber sido escrito por o en nombre del director de la DLCN. La copia del informe obtenida por el gobierno, y que la defensa pretende admitir, no está firmada. Por lo tanto, no está claro si el informe es simplemente un borrador o una versión finalizada, y mucho menos si el Informe se generó como parte de una investigación legalmente autorizada”, establece.

Aseguran los fiscales que en la investigación “no hay más indicios de confiabilidad de este informe, incluida cualquier indicación de que se llevó a cabo una audiencia o cualquier detalle sobre las circunstancias en las que se generó”.

Los fiscales también argumentaron que las declaraciones contenidas en el informe contienen muchos niveles de rumores que son en sí mismos inadmisibles.

“Por ejemplo, el informe contiene descripciones de análisis y observaciones realizadas por personas no identificadas dentro de la SIU que llevaron a cabo investigaciones. Esas declaraciones son rumores y se requiere una base probatoria independiente para admitirlas. El informe también contiene extractos de los cuadernos que fueron incautados en junio de 2018, que también son rumores y no son admisibles por el demandado, quien no ha identificado ninguna excepción de oídas para ellos y no puede admitirlos bajo la Regla 801(d)(2)(E)”.

Además, “en la medida en que el demandado pretende argumentar que el informe es relevante sólo porque no menciona su nombre o las partes de los cuadernos que hacen referencia a él, esa no es una base adecuada para ofrecerlo”.En conclusión, el gobierno solicita respetuosamente que el tribunal impide a la defensa ofrecer ese informe de investigación.