Juez decidirá si desclasifica información del caso JOH

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El juez Kevin Castel determinará que información se desclasificará en el proceso instruido al expresidente Juan Orlando Hernández.

Ayer, durante una reunión privada que se extendió por varias horas, la defensa de Hernández y la Fiscalía examinaron detenidamente la información clasificada en base Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), pero no lograron ningún acuerdo.

En ese sentido, Castel adoptará, finalmente, la determinación de decidir que prueba es útil o no para el proceso por lo que él mismo encabezará un nuevo acercamiento este viernes.

“La conferencia de estado programada para el jueves 15 de febrero de 2024 a las 10:00 am queda vacante. Habrá una audiencia clasificada CIPA el viernes 16 de febrero de 2024 a las 3:00 p.m. ante el juez Kevin Castel”, detalla una resolución dictada por el juez.

A criterio de la abogada e investigadora hondureña, Carolina Meléndez, “frente a él van a abordar todos los temas pendientes. No hay un acuerdo en cuanto a la desclasificación de la información que la defensa está solicitando, por ahora van ante el juez Kevin Castel para abordar y él decidirá que información se va a desclasificar y que información no”.

Aseguró que si el togado toma la determinación de desclasificar información sensitiva y la Fiscalía no está de acuerdo, los fiscales pueden apelar esa resolución y alargaría el proceso.

“El gobierno está cerrado en que no se puede desclasificar esa información y es allí donde está el punto complicado del proceso”, declaró la experta.

La defensa considera que las pruebas clasificadas son relevantes para el debate porque en su mayoría trata de reuniones que sostuvo Hernández con funcionarios de Estados Unidos mientras ostentaba el cargo de presidente.

Hernández Alvarado, de acuerdo a la Fiscalía, recibió grandes cantidades de dinero de parte de poderosos capos de la droga que en su mayoría están listos para testificar en su contra.

La naturaleza delicada del caso ha generado cambios y extensiones en el proceso judicial que se le instruye al exmandatario por tráfico de drogas.