A 19 años de su controversial construcción, el complejo habitacional Ciudad Mateo vuelve a ser noticia.
En esta ocasión fue el saqueo de una gran cantidad de sus viviendas abandonadas desde la administración del expresidente Carlos Roberto Reina lo que puso el proyecto de nuevo en el ojo del huracán.
Ahora debido al abandono, el complejo fue objeto de un robo descarado por un fuerte grupo de ciudadanos, quienes se organizaron para realizar un hurto masivo de las piezas que componen las casas.
Decenas de personas armadas con martillos, machetes, cinceles y hasta piedras arrancaron de tajo puertas, ventanas, barandales, sanitarios, transformadores de energía eléctrica y hasta el cableado.
El accionar delictivo acabó por desmantelar la segunda etapa del proyecto habitacional.
Según testigos, desde la tarde-noche del pasado miércoles grupos de personas empezaron a sustraer partes de las viviendas, pero fue durante la madrugada de ayer que el hurto se hizo masivo.
“Aquí parecía bulevar, ni cabían los carros y camiones que salían cargados con todo tipo de cosas”, manifestó un poblador que omitió su nombre por temor a represalias.
Los ánimos se caldearon cuando a eso de las 8:00 de la mañana de ayer un equipo de seguridad privada ingresó a la zona para desalojar a los ladrones.
En el fragor del desalojo, a un guardia de seguridad se le escapó un disparó de su arma, situación que causó terror.
Llamado al silencio
Al lugar se desplazaron empleados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), que es la entidad que financió los 5,000 millones de lempiras, gastados en la construcción del proyecto.
El grupo de la institución se llamó al silencio ante el caos ocasionado en la zona. Escuetamente y sin identificarse, uno de ellos aseguró que la etapa destruida es propiedad de la constructora.
Injupemp desplazó un grupo de 12 elementos de seguridad para repeler el saqueo ante el temor que se propagará hasta la etapa de su propiedad.
También se hicieron presentes cuatros elementos de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), quienes realizaron una inspección de la zona y retiraron a los últimos asaltantes que quedaban en horas del mediodía.
También le decomisaron los papeles al conductor de un camión con placas PCV-9736 que quedó varado en el complejo habitacional cuando sus operadores trataban de huir con una carga de páneles de madera que correspondían a las viviendas.
Los esfuerzos de los elementos de seguridad por detener el saqueo fueron en vano, pues los saqueadores les superaban en número y algunos de ellos estaban armados con chimbas -armas de fabricación casera-.
El proyecto habitacional fue construido hace 18 años, durante el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas, y posteriormente abandonado, ya que las aguas residuales del proyecto tenían salida a la represa Los Laureles,
una de las principales fuentes de agua de la ciudad.
En 2010, un informe preliminar del Congreso Nacional propuso declarar inhabitable la zona,
mientras el director del Instituto Nacional de Jubiliaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Andrés Torres, afirmó que al menos 600 de las casas eran habitables.
Para la habilitación del complejo serían necesarios mil millones de lempiras;
sin embargo, expertos aseguran que permitir la habitación de la zona significaría un perjuicio ambiental para la cuenca hidrográfica que surte un 25 por ciento del agua que consumen los capitalinos.