El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en 2018 una política de 'tolerancia cero' en la frontera con México ante la creciente llegada de indocumentados, la mayoría proveniente de Centroamérica.
Bajo la amenaza de imposición de aranceles por su poderoso vecino del norte, México desplegó soldados, endureció operativos y controles migratorios.
En julio, Washington firmó un acuerdo migratorio con Guatemala y luego con El Salvador y Honduras. Las autoridades estadounidenses señalaron que también buscaban un entendimiento con Panamá.
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Sin embargo, el presidente electo guatemalteco Alejandro Giammattei reiteró este jueves sus quejas por la falta de información sobre su contenido y no descartó revocarlo.
'Mientras no estemos enterados de cómo va a ser (el plan migratorio), quién lo va a hacer, cuánto va costar, cuáles son los logros que se esperan obtener, cuál es el plan de implementación, nosotros seguimos en la misma posición de simple y sencillamente poder pensar en la revocatoria de ese convenio', declaró Giammattei.
Para sellar el acuerdo con Guatemala --que no ha entrado en vigencia-- Trump amenazó al país con gravar sus exportaciones y remesas.
Aunque los tres gobiernos rechazan que se trate de pactos de 'tercer país seguro' - que permite enviar a otro país a los solicitantes de asilo para que esperen mientras se tramita su proceso - asociaciones de derechos humanos denuncian que se trata de acuerdos de este tipo.
'Hay muy poca información sobre cómo estos acuerdos de 'tercer país seguro' entre gobiernos de la región y el Departamento de Seguridad Interior van a ser implementados', dijo a la AFP Daniella Burgi-Palomino experta del Latin American Working Group (LAWG), con sede en Washington.
Creciente flujo de otros países
Según el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, hasta agosto del presente año fiscal, que termina en septiembre, un 72% de los migrantes aprehendidos en la frontera con México provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras.En el año fiscal 2018 - octubre de 2017 a septiembre del año siguiente - en la frontera sur de Estados Unidos hubo 396.579 personas aprehendidas, de las cuales un 56% provenían del Triángulo Norte de América Central, con 115.604 migrantes de Guatemala, 76.513 de Honduras y 31.369 de El Salvador.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua está enfrentado con Trump y es objeto de diversas sanciones económicas y políticas de Estados Unidos. Allí, donde una ola de protestas en 2018 dejó al menos 325 muertos, las asociaciones de derechos humanos denuncian que 62.500 persona tuvieron que huir del país.
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Según el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, cerca de 70.000 personas de Cuba, Nicaragua y otros países que cruzan anualmente el territorio.
El embajador interino de Honduras ante la OEA, Luis Cordero, explicó a la AFP que 'como país de tránsito' en los últimos meses han registrado 'una considerable cantidad de ciudadanos venezolanos, nicaragüenses, cubanos y africanos'.
Una fuga de recursos importante para países pequeños
En el año fiscal pasado de Estados Unidos, último periodo para el cual se tienen fechas desglosadas por país, las aprehensiones de migrantes de fuera del Triángulo Norte representaron un nivel marginal: 8.997 individuos de India, 3.282 de Nicaragua, 1.495 de Ecuador y 1.504 de Brasil, entre otros.En septiembre, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Mark Morgan dijo que la 'crisis migratoria es un asunto regional' y que seguían las conversaciones con los países del Triángulo Norte pero también con Panamá.
'Las autoridades estadounidenses han dado pasos para negociar un acuerdo de cooperación con Panamá, pero el nuevo presidente de Panamá (Laurentino Cortizo) tiene poco que ganar con este acuerdo', explicó a la AFP, Paul J. Angelo, experto del centro CFR (Council on Foreign Relations).
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'Esto sería una fuga de recursos importante para países pequeños como Panamá o Costa Rica, que ya han absorbido en los últimos años un flujo constante de personas huyendo de la inestabilidad política en Nicaragua y en Venezuela', agregó.
Para Burgi-Palomino los acuerdos firmados 'no están basados en la realidad porque estos países no pueden ni ofrecer protección a sus propios ciudadanos'.
'Esto lo único que va a hacer es empujar la crisis de refugiados más lejos y obligar a los refugiados a tomar caminos más peligrosos', advirtió Burgi-Palomino.
