Honduras escuchará este martes la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la presunta violación de derechos a la Comunidad Garífuna en Triunfo de la Cruz, que reclaman la usurpación de su territorio por parte de terceros.
El Estado de Honduras fue citado para este 20 de mayo por la CorteIDH a una audiencia en la que se prevé escuchar a las presuntas víctimas y un testigo propuestos por los representantes de la comunidad garífuna.
Por su parte, el Estado hondureño presentará los testimonios de un perito ofrecido por la Comisión y un declarante a título informativo, indicó la Corte.
En esta audiencia, la CorteIDH 'escuchará los alegatos finales orales de las partes, así como las observaciones finales de la Comisión, respectivamente, sobre fondo y eventuales reparaciones y costas', detalló.
El caso se refiere a la alegada responsabilidad de Honduras en relación a violaciones de varios componentes del derecho a la propiedad de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, debido a que no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral.
Los afectados sostienen que 'el reconocimiento de parte del territorio ancestral fue tardío y a la fecha se continúa negando un título único sobre la totalidad del territorio con base en la ocupación histórica y el uso consuetudinario por parte de la Comunidad'.
Asimismo, el caso se refiere a la denegación de su derecho a la participación en asuntos que le conciernen y de sus derechos a las garantías y protección judiciales.
El caso de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz fue enviado a la CorteIDH el 21 de febrero de 2013 porque el Estado no informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso.
En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la posesión de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros, con respecto a su territorio ancestral.
Las recomendaciones incluían medidas legislativas, administrativas y de otra índole, necesarias para delimitar, demarcar y titular adecuadamente sus tierras, acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.
El objetivo principal de las medidas sugeridas era permitir a los garífunas 'continuar viviendo su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas'.
