El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó este martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno.
El proceso a Ortega, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, podría llevar a su destitución, aunque la decisión final sobre el tema correspondería a la Asamblea Nacional —de mayoría opositora—, que ha manifestado su respaldo a las acciones que ha realizado la funcionaria en defensa de la constitución y contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
Horas más tarde, en una entrevista difundida por la cadena Unión Radio, la fiscal general afirmó que la sentencia, cuyo contenido dijo desconocer, atenta contra la institucionalidad de Venezuela.
'Se cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción del Estado', afirmó.
La solicitud de juicio a Ortega Díaz fue hecha este mes por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien pidió al Tribunal Supremo la congelación de sus activos y la prohibición para que salga del país.
Carreño también solicitó al máximo tribunal designar una junta médica para evaluar a la fiscal por supuesta “insania mental”.
“A todas luces se nota que la señora no está en sus cabales”, dijo el congresista al fustigar a Ortega Díaz, a la que acusó de “encubrir graves delitos” ocurridos durante las protestas antigubernamentales que se han extendido casi tres meses y que han dejado al menos 70 muertos y más de 1.300 heridos.
El Tribunal Supremo señaló que las medidas solicitadas por Carreño se encuentran en estudio.
Ahora, la Sala Plena convocará a una audiencia pública a la fiscal, a Carreño, al defensor del pueblo, Tarek William Saab, y al contralor general, Manuel Galindo, para que cada uno exponga sus alegatos sobre el caso.
“Trabajaré hasta mi último aliento por la defensa de esta constitución”, dijo la víspera Ortega Díaz en un encuentro que sostuvo con empleados del Ministerio Público, quienes realizaron una pequeña concentración para respaldar a la funcionaria mientras afuera de esa dependencia se aglomeraron decenas de oficialistas con el fin de protestar contra ella.
El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien calificó a la fiscal como “traidora”, dijo recientemente que una de las primeras acciones que tomaría la Asamblea Constituyente sería la remoción de Ortega.
“Esta decisión es una consolidación de la tiranía en Venezuela”, afirmó la exmagistrada del Tribunal Supremo, Blanca Rosa Mármol de León, quien aseguró que el oficialismo decidió adelantar sus acciones para destituir a la fiscal ante las dificultades que está enfrentando Maduro para consolidar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros elegirá a finales del próximo mes.
Mármol de León dijo a The Associated Press que el Tribunal Supremo puede declarar el antejuicio de mérito e iniciar el procedimiento para su remoción, pero sostuvo que la destitución de Ortega Díaz sólo puede acordarla la Asamblea Nacional.
El presidente del Congreso, diputado Julio Borges, expresó su respaldo a Ortega y dijo a la prensa que la funcionaria es “asediada por la dictadura”.
El proceso contra la fiscal ocurre casi tres meses después de que Ortega iniciara un progresivo distanciamiento del gobierno al objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas.
Durante las últimas semanas, la fiscal introdujo al menos tres acciones contra el proceso de reforma de la constitución: la primera para anular el proceso constituyente, la segunda para pedir la anulación de los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes, y la tercera para pedir el antejuicio de mérito contra seis miembros de la Sala Constitucional.
