La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación a las autoridades electorales luego de que una empresa de tecnología informática denunciara la supuesta manipulación de los resultados de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente.
El Ministerio Público nombró a dos fiscales para que investiguen a cuatro de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia de Smartmatic, informó la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Ortega Díaz dijo en una entrevista con la cadena CNN en Español que es probable que en las elecciones del 30 de julio “ni siquiera haya participado el 15% de los electores”.
“Pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad”, afirmó la alta funcionaria que por años estuvo vinculada al oficialismo y que ahora está enfrentada al gobierno.
La fiscal general hizo el anuncio horas después de que el director general de Smartmatic informara desde Londres que había una discrepancia de un millón de votos en las cifras de participación en los comicios.
Una comisión especial de la Asamblea Nacional acudió el jueves a la Fiscalía General para solicitar la investigación.
Al rechazar esa afirmación el presidente Nicolás Maduro aseguró que el directivo de la firma trató de “manchar el proceso” debido a las “presiones” que recibió sobre el cierre de las cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, vinculada al oficialismo, también objetó la declaración de la compañía que provee servicios a ese organismo desde 2004 y dijo que Smartmatic participó en todas las auditorías del proceso.
Lucena, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, agregó que el Consejo Nacional Electoral se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales ante “tan irresponsables declaraciones”.
El Consejo Nacional Electoral informó el domingo que ocho millones de personas participaron en la elección. La oposición sostiene que solo votaron unas 3,5 millones.
Las denuncias se producen a horas de la instalación de la Asamblea Constituyente prevista para el viernes. La coalición opositora convocó para ese día a una marcha en Caracas.
El gobierno avanza en la reforma de la carta magna en medio de la tensión política desatada por las protestas que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.
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A menos de 48 horas de la elección las autoridades judiciales revocaron el arresto domiciliario que tenían el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y los regresaron a la cárcel militar de Ramo Verde donde habían estado detenidos previamente.
La diputada opositora Adriana D'Elia fue inhabilitada el jueves por la Contraloría General para participar por 15 años en cualquier elección tras una investigación por supuestas irregularidades en la gobernación del estado de Miranda donde ocupó el cargo de secretaria de gobierno entre 2008 y 2015, anunció el gobernador de ese estado Henrique Capriles, quien también fue sancionado con una medida similar en abril.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y condenó a 15 meses de cárcel al alcalde opositor de la ciudad de Mérida, Carlos García, por no cumplir una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías donde había barricadas.
García es el tercer alcalde opositor en menos de un mes en ser destituido y condenado por el máximo tribunal, señalado de estar controlado por el oficialismo. Las autoridades detuvieron la semana pasada al alcalde de la ciudad de Barquisimeto, Alfredo Ramos, por un proceso similar.
El exalcalde del municipio de Lecherías, Gustavo Marcano, quien también fue removido de su cargo y condenado a prisión por el Tribunal Supremo, se reunió el jueves en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar su caso. Desde que había sido sentenciado se desconocía su paradero.
Más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, han criticado la elección de los constituyentes y desconocieron sus resultados. Washington, que hace unos días congeló los activos de Maduro y prohibió hacer tratos con él, amenazó con imponer sanciones económicas a Venezuela.
En tanto, Aerolíneas Argentinas anunció en su página de internet que suspendió su vuelo semanal a Venezuela por la seguridad de su tripulación.
“La situación puntual en estos días es compleja y nuestra principal preocupación es la seguridad', dijo la compañía que se sumó así a varias líneas aéreas que han cancelado temporal y totalmente sus vuelos a la capital venezolana.
