Las representantes del sur de Florida - Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell - enviaron una carta a la Inspectoría General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) el lunes.
En el documento, que se hizo público el martes, las legisladoras piden investigar la participación de Kelly en las negociaciones del contrato, dado que era miembro de la junta directiva de la contratista, Caliburn International.
“Estamos profundamente preocupadas por las circunstancias del otorgamiento del contrato, particularmente cuando esta empresa con fines de lucro continúa beneficiándose financieramente de la prolongada detención de los niños”, señaló la carta.
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“Encontramos inquietante que el periodo del general Kelly en el gobierno condujo a un aumento drástico tanto en el número de niños detenidos en la instalación de Homestead como en el tiempo que los niños sin compañía de un adulto están bajo custodia del gobierno”.
Tesia Williams, portavoz de la Inspectoría General del HHS, dijo en un correo electrónico que la oficina había recibido la carta y la estaba revisando para ofrecer una respuesta adecuada.
El gobierno opera una red de más de 160 instalaciones en todo el país para los niños migrantes que están bajo custodia del HHS. La de Homestead es la más grande. Alrededor de 2,200 adolescentes están retenidos ahí luego de haber cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un padre o tutor legal. Pero la instalación puede ampliar su capacidad para albergar hasta a 3.200 menores.
Los contratos anteriores para dicha instalación fueron otorgados en un proceso competitivo. Pero en abril, el HHS otorgó sin competencia alguna un contrato a la subsidiaria de Caliburn, Comprehensive Health Services, por un valor de más de 341 millones de dólares para expandir el centro.
