El juez Haywood S. Gilliam, Jr. en Oakland tomó medidas el viernes en dos demandas presentadas por el estado de California y por activistas que alegaron que la transferencia de fondos es ilegal y que la construcción del muro representaría una amenaza para el medio ambiente.
'Lo único que el presidente Trump ha logrado construir es una crisis constitucional, que amenaza con causar un daño inmediato a nuestro estado', afirmó el secretario de Justicia de California, Xavier Becerra, quien encabezó una coalición de 20 estados en una sola demanda legal.
La Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó la demanda a nombre de Sierra Club y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur, elogió la decisión.
'Esta decisión ratifica el principio básico de que el presidente no tiene la capacidad de gastar dinero de los contribuyentes sin aprobación del Congreso', afirmó el abogado de personal de ACLU, Dror Ladin. 'Seguiremos defendiendo este principio central de nuestra democracia'.
En una conferencia de prensa del sábado que marcó el final de la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka, Japón, Trump calificó el fallo del juez de “una vergüenza”.
'Así que lo estamos apelando inmediatamente y creemos que ganaremos la apelación', continuó Trump. 'No había razón para que eso pasara. Y se está construyendo gran parte del muro'.
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Las decisiones judiciales se ajustan al fallo de Gilliam del mes pasado que impidió que se iniciara el trabajo en dos de los proyectos de mayor prioridad: uno que abarca 74 kilómetros (46 millas) en Nuevo México y otro que abarca ocho kilómetros (cinco millas) en Yuma, Arizona.
No obstante, la lucha está lejos de terminar. Se espera que el Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito se ocupe de la misma cuestión del uso de dinero militar la próxima semana.
En el centro del debate está una declaración de emergencia nacional que Trump hizo en febrero a fin de poder desviar 6,700 millones de dólares de fuentes militares y de otras para comenzar la construcción del muro, algo que podría haber iniciado desde el lunes.
Trump declaró la emergencia después de perder una batalla con la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, que llevó a un cierre del gobierno de 35 días.
El presidente identificó 3,600 millones de dólares de fondos militares para construcción, 2,500 millones de actividades contra el narcotráfico del Departamento de Defensa y 600 millones del fondo de incautación de activos.