'Queremos proteger a los niños de daños irreparables', dijo el fiscal general de California Xavier Becerra, quien encabeza la demanda junto con la secretaria de Justicia de Massachusetts Maura Healey, ambos demócratas.
Según el Acuerdo Flores, aprobado en 1997, el gobierno federal debe de mantener a los menores de edad en un entorno lo menos restrictivo posible y por lo general no deben de permanecer más de 20 días detenidos.
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El Departamento de Seguridad Nacional señaló la semana pasada que establecería sus propias regulaciones sobre cómo tratar a los niños migrantes. El gobierno quiere remover la supervisión de la corte y permitir la detención de familias por más de 20 días. Unas 475.000 familias han cruzado la frontera en lo que va del año fiscal, prácticamente triplicando el récord previo de familias para un año completo.
Un juez debe aprobar las modificaciones propuestas para poner fin al Acuerdo Flores, y se prevé una batalla legal por parte de los abogados originales del caso.
Es poco probable que la jueza federal de distrito Dolly Gee apruebe los cambios; fue su dictamen de 2015 que amplió la solicitud del Acuerdo Flores para abarcar a niños que viajan con familias. Ordenó al gobierno del presidente Barack Obama dejar en libertad a los niños lo más pronto posible.
Aun así, Becerra argumentó que California tiene un papel protagónico debido a la gran cantidad de inmigrantes que residen en el estado.
'El gobierno federal no tiene el derecho de decirnos cómo protegemos el bienestar de la gente en nuestro estado', puntualizó.
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California no tiene centros de detención que alberguen a familias migrantes. El gobierno de Trump argumentó que debido a que los estados no son los administradores de los centros de detención federal, ellos quieren establecer sus propios estándares para satisfacer los requisitos judiciales de que las instalaciones cuenten con los permisos necesarios.
Indicaron que las instalaciones serán auditadas y sus resultados serán publicados. Pero a los abogados del acuerdo Flores les preocupa que ya no puedan inspeccionar las instalaciones, y de que el gobierno trate de evadir los delicados requisitos estatales.
