Tras cuatro años de gestión, el antiguo cómico de televisión que se hizo del poder con la promesa de “ni corrupto ni ladrón”, arrastra una baja percepción popular, acusaciones de corrupción y bloquear la lucha contra este flagelo y reproches por la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos que permitió convertir a Guatemala en un país que reciba a migrantes centroamericanos deportados.
Morales --que a partir del martes será relevado por Alejandro Giammattei-- dirigió un mensaje a la nación para destacar sus logros, pero sobre el mandatario de 50 años pesan los reproches por haber entorpecido la lucha anticorrupción y favorecer la impunidad.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y quién más resintió el bloqueo de Morales, espera que “el futuro sea mejor sin él”.
Para Sandoval, el gobierno de Morales será recordado por haber expulsado a la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), el órgano de Naciones Unidas que atrajo la atención internacional por lograr --en 12 años de trabajo conjunto con la fiscalía-- llevar a juicio a más de 400 personas por corrupción y otros delitos graves --entre ellos a tres expresidentes--, así como desbaratar 60 estructuras de crimen organizado.
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“Él fue el bloqueo para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es una ganancia que se vaya”, dice Sandoval.
Durante los dos primeros años de gestión, Morales avaló las investigaciones de la fiscalía y CICIG, pero en 2017, cuando éstas alcanzaron a su hijo y su hermano por corrupción --y a él mismo por financiamiento electoral ilícito--, su perspectiva cambió e inició un periodo de tensiones que concluyó con la finalización del trabajo de la comisión.
En todo momento, el Congreso protegió la inmunidad del presidente y evitó que fuera investigado.
Morales obtuvo el poder en las elecciones de 2015 porque los guatemaltecos estaban hartos de los políticos tradicionales y él era un neófito en el tema. Sin embargo, su slogan anticorrupción quedó pronto en el olvido por las acusaciones ya mencionadas y que no han podido resolverse por la inmunidad que lo protege tanto a él como a miembros de su gabinete. Actualmente sigue creciendo la demanda social de que sea llevado ante la justicia.
Al dejar el poder, Morales perderá inmunidad, pero cuatro horas después será juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, con lo que recuperará su protección.
El lunes, al defender sus logros en una breve conferencia de prensa, destacó el tema de seguridad. “Guatemala es hoy un lugar más seguro que el que era hace 4 años”, dijo.
Según el mandatario, la tasa de homicidios bajó de 29.5 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 21.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019.
Morales también aseguró que hubo mejoras en todas las carteras de su gobierno y felicitó a su equipo de trabajo. Sobre las opiniones de gestión, dijo: “que sea la historia la que califique nuestro gobierno”.
Su sucesor no pareció coincidir. En una declaración a medios, Giammattei dijo estar de acuerdo con “la mayoría de la gente”, que “piensa que estos cuatro años de gobierno fueron un desperdicio de tiempo”.
En una encuesta que publicó el diario Prensa Libre --y fue realizada entre julio y agosto pasado a 1.201 personas en todo el territorio--, se estableció que ocho de cada diez guatemaltecos encuestados rechazaban la gestión de Morales.
Por su parte, analistas aseguran que Morales deja una institucionalidad debilitada.
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“Deja un estado muy desgastado y deslegitimado”, dice Gabriela Carrera, profesora de política de la Universidad Landívar. Agrega que en el último año hubo una baja en la inversión pública, lo que repercutió en la atención básica a la población, como la educación y salud.
El instituto de Estudios Centroamericanos de Estudios Fiscales (ICEFI) asegura que hay en el país casi un millón de niños menores de 5 años con desnutrición crónica y que de ellos más del 15% tiene una desnutrición crónica severa.
Para Úrsula Roldán, directora del Instituto de investigación sobre dinámicas territoriales de la Universidad Landívar, el gran atraso del gobierno de Morales es haber cedido territorio guatemalteco con el Acuerdo de Cooperación de Asilos (ACA) firmado en julio con Estados Unidos sin beneficiar al país. “Hay mayor retroceso, no existe una institucionalidad fuerte que brinde asistencia a los deportados, no hay ningún tipo de defensa para los migrantes”.
En 2019, más de 100.000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México.
A partir de noviembre, el gobierno implementó el ACA, recibiendo a poco más de un centenar de migrantes de Honduras y El Salvador a quienes registró sin brindar ningún tipo de apoyo.
Roldan dice que Morales tampoco ofreció incentivos para desmotivar la migración.
Pedro Cruz, presidente de “Primero Guatemala”, organización que promueve la participación ciudadana, concuerda con que hay una baja en índices de homicidios, pero dice que es un esfuerzo iniciado hace por otras administraciones. “Es bueno como país mantener el índice a la baja y debe seguir así”, dijo.
También destacó algunos aspectos. “Me parece interesante que el gobierno de Morales haya mantenido la estabilidad económica, mantenido los precios y estable el cabio del dólar, eso a todos los guatemaltecos beneficia”. Agregó que mantener el abastecimiento de medicina en hospitales también ha sido un logro.
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