El gobierno del presidente Donald Trump ha expulsado a más de 159,000 personas desde que en marzo entró en vigor la orden de emergencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). La cifra incluye más de 7.600 adultos y niños que cruzaron la frontera en familias.
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Raul Ortiz, subjefe de la Patrulla Fronteriza, difundió por primera vez las cifras sobre los niños como parte de una apelación del gobierno contra una orden judicial de que se dejara de alojar a los menores de edad en hoteles.
El gobierno expulsó “de inmediato” a la mayoría de los niños y familias hacia México, pero retuvo a más de 2,200 menores no acompañados y a 600 personas que vinieron en familias hasta que pudieran organizarse los vuelos para regresarlos a sus países, según Ortiz.
El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones del 9no Circuito que anule un fallo de la semana pasada en el que se determinó que el uso de hoteles eludía las “protecciones fundamentales humanitarias”.
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La jueza federal Dolly Gee en Los Ángeles falló que el uso de hoteles para detenciones largas violaba un acuerdo de hace dos décadas sobre el trato a los niños en custodia. Gee ordenó a las agencias fronterizas que para el martes dejaran de alojar a niños en hoteles.
Abogados del Departamento de Justicia alegaron que el mencionado acuerdo no se aplica durante una emergencia de salud pública y que los hoteles eran apropiados.
“Mientras están en estos hoteles, el gobierno provee a los menores supervisión de especialistas, actividades recreativas, comodidades y medidas de protección contra el covid-19”, escribieron los abogados.
Antes de la pandemia, los niños no acompañados eran enviados a albergues con licencia estatal y administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y entregados a menudo a parientes mientras tramitaban su asilo.
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