El fiscal Germán Juárez confirmó el jueves a The Associated Press que su solicitud será analizada en una sesión virtual por la magistrada anticorrupción María Álvarez. El pedido busca que el exmandatario permanezca en el país durante la investigación.
Vizcarra fue destituido el lunes en pocas horas por el Parlamento acusado de recibir 630,000 dólares por dos obras públicas hace seis años. Los datos se basaron en una investigación fiscal en curso que recoge delaciones de ejecutivos de constructoras que buscan reducir sus futuras sentencias.
El expresidente asistió a la oficina del fiscal Juárez, donde estaba citado, y dijo luego a la prensa que había solicitado que los investigadores levanten su secreto bancario y de sus comunicaciones.
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“No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, dijo en referencia a estrategias para escapar de la justicia usadas por otros expresidentes peruanos.
El nuevo presidente Manuel Merino, que dirigía hasta el lunes el Parlamento donde Vizcarra fue destituido, dijo durante la juramentación de sus ministros, que su gestión de ocho meses no producirá “ningún cambio traumático” y respetará las elecciones presidenciales de abril.
El flamante gabinete ministerial está conformado por secretarios conservadores al igual que el primer ministro Antero Flores-Aráoz, de 78 años.
Más temprano Merino dijo a la colombiana W Radio que las protestas se realizaban “por desconocimiento” de los peruanos. “Lamentablemente hay manejos de comunicación tendenciosos que han generado un poco de falta de conocimiento a la población”, indicó.
Merino comparó a Vizcarra con un “ladrón”. Dijo que la decisión de destituirlo anticipadamente es como cuando se tiene “un ladrón en casa” y no se espera que “termine de sacar (robar) las cosas para después apresarlo”. Vizcarra debía concluir su mandato el 28 de julio de 2021.
La gestión de Merino ha provocado que Human Rights Watch pida que la OEA convoque a una sesión del consejo permanente de forma urgente para vigilar de cerca la situación de Perú.
El grupo de derechos humanos con sede en Nueva York dijo en un comunicado que “la forma” en que el Congreso peruano destituyó de la presidencia a Martín Vizcarra y las consecuencias en la independencia del Tribunal Constitucional “es una grave amenaza al estado de derecho en el país”.
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José Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que los gobiernos de América “deben fiscalizar de cerca las decisiones” del Congreso y del presidente Merino, que reemplazó a Vizcarra. “Utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el estado de derecho”, dijo.
HRW pidió a la policía peruana “abstenerse” de usar la fuerza de forma excesiva durante las protestas de miles de peruanos iniciadas el lunes tras la expulsión de Vizcarra.
Vizcarra también criticó al nuevo gobierno y dijo que el nombramiento del primer ministro Flores-Aráoz, “era como volver al pasado, a la política tradicional”. Calificó como “agresiva” la actitud de los policías contra las manifestaciones multitudinarias que repudian al nuevo presidente Merino.
Vizcarra es uno de los políticos más populares de Perú por iniciar una cruzada anticorrupción en 2018 cuando llegó al poder. Disolvió el anterior Parlamento en 2019, cuando este poder comenzó a blindar a jueces y empresarios corruptos. Su salida provocó manifestaciones diarias en todo el país.
La víspera más de tres mil peruanos marcharon en la capital, también se produjeron marchas en las principales ciudades del país que fueron reprimidas con bombas lacrimógenas y perdigones.
