El juez Iván León argumentó que la ley dispone que los expresidentes y ex vicepresidentes sentenciados por cohecho, entre otros delitos, no podrán seguir cobrando ese salario mensual que asciende a 4,226 dólares, “por tanto sírvase negar el pedido del sentenciado”.
Tras la decisión, los abogados de Correa dijeron que presentarán ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, que incluso de ser aceptada no podrá cambiar el fallo inicial de los jueces.
Correa y otros exfuncionarios fueron sentenciados por participar entre 2012 y 2016 en una elaborada trama de corrupción que exigía el pago de millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de grandes obras públicas.
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La red fue descubierta por periodistas y desentrañada por la exasesora personal de Correa, Pamela Martínez, quien se convirtió en colaboradora de la fiscalía y aportó datos y detalles precisos del origen y destino del dinero, utilizado para financiar campañas y fiestas del partido.
La justicia condenó a ocho años de prisión a la mayoría y al pago de 778.000 dólares a los autores directos, incluido Correa (2007-2017), su vicepresidente Jorge Glas, ministros y otros altos funcionarios, mientras que los cómplices deben abonar 368.000 dólares. Dos empresarios ya pagaron las multas.
Para el resto de los involucrados la justicia prevé la incautación de sus bienes a fin de cobrar las sanciones económicas previstas en el fallo. Según información que consta en los registros de la propiedad, Correa posee una casa en Quito y es copropietario de un departamento en Guayaquil.
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Correa -que vive en Bélgica desde mediados de 2017 poco después de dejar el poder- y la mayoría de los condenados se encuentran prófugos, por lo que la justicia ecuatoriana busca adelantar procesos de extradición para que cumplan las penas dispuestas.
El exmandatario tiene pendientes otra veintena de procesos judiciales, la mayoría por supuesta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. También fue juzgado por el secuestro de un ex político opositor.
